La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha afirmado que ésta “era una deuda histórica con el colectivo LGTBI que ha sufrido discriminación, violencia e invisibilidad durante muchísimos años y todavía hoy necesitan de la protección de sus derechos”, por lo que ha manifestado la satisfacción del Gobierno por su aprobación. Blanca Fernández ha subrayado el intenso trabajo de las entidades LGTBI, las diferentes organizaciones y personas a título individual durante un proceso muy participativo en el que se han respondido a más de 500 alegaciones. “Además de ser una norma muy participada, que puede decirse que ha surgido de la ciudadanía, también está muy bien armada jurídicamente”, ha dicho la consejera, por lo que manifestado su confianza en que esta ley se pueda aprobar con la unanimidad de todos los grupos políticos.
El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha para su envío a las Cortes
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno al
Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La
Mancha, paso previo a su envío y su aprobación en las Cortes regionales,
algo que previsiblemente sucederá durante el
segundo trimestre de 2022, tal y como ha informado la consejera de
Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
Con
esta decisión “damos cumplimiento por parte del Gobierno regional a un
compromiso que teníamos desde el
principio de la legislatura”, ha dicho la consejera, quien ha añadido
que ésta “era una deuda histórica con el colectivo LGTBI, que ha sufrido
discriminación, violencia e invisibilidad durante muchísimos años y
todavía hoy necesitan de la protección de sus
derechos” por lo que expresado la satisfacción del Gobierno por su
aprobación.
El
objetivo de esta Ley es garantizar derechos humanos y constitucionales,
ya que, tal como ha explicado Blanca
Fernández, “es un desarrollo de la Constitución para garantizar la
igualdad real, efectiva y de oportunidades y el derecho a la no
discriminación por tu orientación o identidad sexual”.
La consejera ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido
casi
siempre punta de lanza en materia de igualdad con leyes tan importantes
como la Ley contra los malos tratos o la Ley para una Sociedad Libre de
Violencia de Género; algo que sin
embargo no ha sucedido en materia LGTBI.
“Por
eso hablo de una deuda histórica que teníamos el compromiso de
resarcir. Y la estamos compensando, quizá ya por parte
del Gobierno la hayamos compensado, con mucho trabajo, con escucha
activa permanente con los colectivos y buena parte de la sociedad. Por
eso, además de ser una norma muy participada, que puede decirse que ha
surgido de la ciudadanía, también está muy bien
armada jurídicamente” y cuenta con la incorporación de todas las consideraciones esenciales del Consejo Consultivo,
en palabras de la consejera.
Blanca
Fernández ha agradecido, en especial, el trabajo constructivo y desde
el primer momento realizado por las entidades
LGTBI de Castilla-La Mancha, y también el de otras organizaciones y
personas que a título individual han participado. En conjunto se han
presentado más de 500 alegaciones a los distintos borradores que han
servido para incorporar distintas perspectivas. En
ese sentido, ha manifestado que el trabajo del Gobierno ha sido
intentar aunar posturas porque “esta Ley tiene que servir para lanzar el
mensaje de que en Castilla-La Mancha no solo estamos preparados para
respetar la diversidad sexual, sino que estamos obligados
y obligadas a protegerla”.
Por
todas estas cuestiones, la responsable regional de Igualdad ha
manifestado su confianza en que esta ley se pueda consensuar
con los grupos políticos de la oposición, con los que ya se han
mantenido conversaciones “fructíferas y positivas” que espera “se
sustancien en un voto unánime”, ya que, tal como ha argumentado, los
derechos de las personas deben estar por encima de los intereses
de un gobierno o un partido.
El contenido
La consejera ha recordado que la Ley se compone de 66 artículos estructurados en un título preliminar,
cinco títulos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y cinco finales.
También
ha vuelto a enumerar sus principios rectores entre los que se
encuentran la protección de
los derechos humanos y constitucionales; la atención de las
reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI; la garantía de la
igualdad real y efectiva y la no discriminación que establece la
Constitución; la perspectiva de género; su carácter integral y
transversal;
la prevalencia de la atención respetuosa a la diversidad; la
cooperación interadministrativa; el deber de intervención ante la
discriminación; la visibilidad a las personas LGTBI en Castilla-La
Mancha y el interés superior de la niñez.
Y
en cuanto a los derechos, regula los mecanismos de implementación de
igualdad y no discriminación;
el libre desarrollo de la personalidad; la integridad personal frente a
la violencia; la intimidad personal, familiar y propia imagen; la
promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así
como a los recursos y resarcimientos efectivos
y la reparación de derechos violados.
Como
aspectos novedosos, la norma contiene una clara referencia a la
visibilidad de los derechos de las mujeres
dentro del colectivo LGTBI bajo el principio rector de igualdad de
género, así como a la formación en materia LGTBI dentro de las
administraciones públicas de la región.
La
futura norma hace referencia a la prohibición de las terapias de
conversión y de la mutilación genital en
bebes intersexuales, excepto si el criterio médico establece que es lo
mejor para su salud; la despatologización de la transexualidad; medidas
igualitarias de acceso a los recursos en el medio rural; la puesta en
marcha del Consejo de Participación LGTBI en
Castilla-La Mancha, y la del Servicio de Atención integral LGTBI,
además de que la norma establece la posibilidad de evaluar si es
necesario un recurso de acogida específico para las personas LGTBI que
sufran una expulsión de su hogar por su orientación o
identidad sexual; la personación como acusación popular de la Junta de
Comunidades en caso de homicidio, asesinato o cuando las circunstancias
lo aconsejen o la búsqueda de referentes en materia de memoria
democrática.
En la parte económica hay que destacar que esta
Ley
cuenta con memoria económica, con un programa presupuestario propio
para 2022 y la creación de una unidad administrativa de Igualdad en la
Diversidad LGTBI.
Más de 40 leyes al acabar el año
La consejera portavoz ha recordado que, en lo que va de legislatura, el Gobierno del presidente Emiliano García-Page
ha aprobado 29 leyes, lo que significa que cuando se apruebe ésta, ya serán más de treinta las que habrán visto la luz.
La
previsión antes de que acabe el año es superar las 40 normas para
continuar la senda de los avances sociales
y la estabilidad. “Quiero poner en valor de nuevo la garantía de
estabilidad del Gobierno de Emiliano García-Page que nos permite hacer
normas muy adecuadas al momento para responder a los retos y problemas
actuales”, ha concluido la consejera.