La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha destacado que “se trata de una ley muy esperada, muy trabajada, muy dialogada y consensuada con la sociedad castellanomanchega, pero especialmente consensuada y trabajada con las entidades LGTBI y con personal y organizaciones expertas en la materia”. La Ley recoge los derechos a la igualdad y no discriminación; al libre desarrollo de la personalidad; a la integridad personal frente a la violencia; a la intimidad personal, familiar y la propia imagen; la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de ayer, tomó en consideración el anteproyecto de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, “una ley muy esperada, muy trabajada, muy dialogada y consensuada con la sociedad castellanomanchega, pero especialmente consensuada y trabajada con las entidades LGTBI y con personal y organizaciones expertas en la materia”, ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

La consejera ha destacado el alto nivel de participación de la norma, que nació de una consulta pública previa en la que se recibieron las aportaciones tanto de entidades como de personas a título individual. Posteriormente, ha añadido Blanca Fernández, esos borradores pasaron por un proceso de participación donde se dio respuesta a más de 500 alegaciones, analizadas “muy cuidadosamente y sin prejuicios, de todas las entidades con independencia de su origen” que destacaron por su “espíritu constructivo” y que han hecho posible “construir un texto mucho mejor”. Finalmente, pasó por un periodo de exposición pública de obligado cumplimiento.

Con el paso dado ayer, “iniciamos un camino hacia una sociedad más comprometida si cabe todavía en la lucha contra la discriminación, a favor de la justicia, de la igualdad y de la defensa más eficaz de los derechos humanos, porque para defender los derechos humanos hay que pertrecharse de instrumentos, de recursos y de herramientas que establece esta ley”, ha afirmado la titular de Igualdad y portavoz del Gobierno regional.

Y al respecto se asegurado que “Castilla-La Mancha es una sociedad llena de gente con sentido común, que vive y deja vivir. Por tanto, esta Ley es buena para el conjunto de la ciudadanía castellanomanchega, y no solamente para el colectivo más afectado positivamente”.

Prevalencia del espíritu de la Constitución

Blanca Fernández ha destacado que la característica fundamental de la norma es que se ha intentado en todo momento que prevalezca el espíritu de la Constitución española, esencialmente de los artículos 10 y 14, porque se trabaja desde el respeto a la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, a los derechos de las demás personas y a la igualdad sin que prevalezca ningún tipo de discriminación.

“Por tanto, esta es una Ley a favor de los derechos, a favor de las personas, y no en contra de nadie; solamente está en contra de la injusticia, de la conculcación de los derechos, del acoso, de la discriminación y de la violencia física y simbólica que muchas veces sufren las personas pertenecientes a este colectivo” ha afirmado la consejera.

Principios rectores y derechos

La Ley se compone de 65 artículos, estructurados en un título preliminar, cinco títulos, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

Blanca Fernández ha detallado que sus principios rectores son la protección de los derechos humanos; la atención de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI; garantizar la igualdad real y efectiva y la no discriminación; la perspectiva de género “porque las mujeres también se tienen que movilizar y visibilizar en este movimiento”;  tiene carácter integral y transversal; prevalece la atención respetuosa a la diversidad en los diferentes niveles del desarrollo; se fundamenta en la cooperación interadministrativa, no solamente por parte de la Junta Comunidades sino del resto de administraciones; contempla el deber de intervención ante la discriminación; da visibilidad a las personas que conforman el colectivo LGTBI en Castilla-La Mancha y siempre prevaleciendo el interés superior de la niñez.

En cuanto a los derechos recogidos son: igualdad y no discriminación; libre desarrollo de la personalidad; integridad personal frente a la violencia; intimidad personal, familiar y propia imagen; la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados.

En este sentido, la consejera ha señalado que “por ejemplo, la norma prohíbe taxativamente las terapias y pseudoterapias de aversión, contracondicionamiento y conversión que, no responden a la ciencia sino más bien a la ideología, que han hecho mucho daño y que han provocado muchas situaciones traumáticas a muchas personas”.

Atribuciones, organización y gestión

En cuando al contenido de la norma, Blanca Fernández también ha explicado que la Administración regional se pertrecha de la obligación de adaptar la documentación de la Junta de Comunidades en sus distintos niveles administrativos; y adecuar esa documentación a la heterogeneidad del hecho familiar y al respeto a la identidad sexual de la persona y a su intimidad.

Además, ha puntualizado la consejera, la Junta de Comunidades también se personará ante los asesinatos por LGTBIfobia “que se puedan producir en las mismas condiciones en las que nos personamos frente a los asesinatos machistas”. A ello, hay que sumar que en la Ley se apuesta por la formación y la sensibilización mediante campañas de información y de sensibilización y también contempla una apuesta firme por la formación especializada del personal de la Junta.

También, se establecerán mecanismos para la coordinación interna y para la participación externa como son la Comisión de Diversidad, en la que está representado todo el Gobierno regional; el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha, en el que estará representada la sociedad civil; y un Servicio de Atención Integral a las personas LGTBI en el plano jurídico, psicológico e incluso en el ámbito social y laboral que se pondrá en marcha a partir del año próximo.

Además, ha añadido Blanca Fernández, “establecemos mecanismos de evaluación y de puesta en marcha si fuera necesario de un sistema de acogimiento temporal para personas LGTBI que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hayan podido ser expulsados de su hogar, o sufran problemas de rechazo familiar que les provoquen encontrarse sin residencia”.

La Ley también recoge el Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención a la diversidad en toda Castilla-La Mancha; el impulso a una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias; la Unidad de Atención Multidisciplinar a personas transexuales intersexuales de Castilla-La Mancha, que funciona desde hace unos años en el Hospital de Cuenca; y finalmente se introduce el Protocolo que se aplica desde 2017 para adecuar el tratamiento de las personas a su identidad sexual.

Para finalizar la exposición del contenido de la Ley, la consejera ha remarcado que “establece obligaciones para todas las áreas de Gobierno, de la misma manera que dota de herramientas a otras administraciones que quieran trabajar conjuntamente en la materia”.

Siguientes pasos

En cuanto a los siguientes pasos que seguirá la Ley, la consejera ha explicado que se ha remitido al Consejo Consultivo; posteriormente, el texto se adaptará a las recomendaciones que haga este órgano y, una vez dado este paso, se elevará como Proyecto de Ley al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde la consejera espera que se apruebe por unanimidad.

A este respecto, Blanca Fernández ha señalado que “vamos a trabajar para que pueda ser así porque ésta no es una ley que el Gobierno quiera protagonizar, es una Ley que nace de la sociedad civil, que está muy pulida desde el punto de vista jurídico, técnico y también profesional y experto. Y esperamos contar con el consenso de todas las formaciones políticas representadas en Cortes para poder compartir la norma, y que podamos decir que es de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha”.

Tras este proceso, la Ley se podría aprobar en el siguiente período de sesiones, “como muy tarde en el mes de junio”, ha concluido Blanca Fernández.