En la primera fase ya se detuvo a cinco personas responsables de una inmobiliaria por pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Los ahora investigados fueron los “beneficarios” de los delitos cometidos por el personal de esta inmobiliaria que falsificaron su documentación para que obtuvieran préstamos hipotecarios. Se ha analizado más de un millón de archivos digitales y ochenta mil documentos físicos, además de la documentación relativa a una veintena de propiedades adquiridas de forma ilícita.
La Guardia Civil ha investigado a nueve personas relacionadas con la Operación Monopoly
La Guardia Civil, como continuación de la Operación Monopoly, ha tomado manifestación como investigadas no detenidas a nueve personas, por los delitos de estafa y falsedad documental. Estas personas se beneficiaron de la actividad ilícita de una inmobiliaria para obtener créditos hipotecarios sin que cumplieran requisitos necesarios. Los responsables de dicha inmobiliaria, cuatro hombres y una mujer, ya fueron detenidos y puestos a disposición judicial el pasado año 2020.
El pasado mes de
septiembre del año 2020, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de
Torrijos inició la Operación Monopoly para determinar la responsabilidad de
unos delitos de estafa denunciados por una entidad bancaria. Poco después se realizaron
varios registros domiciliarios y en la sede de una inmobiliaria ubicada en
Santa Olalla, de donde se intervino una ingente cantidad de documentación
física y digital.
En esta actuación se
detuvo a cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 21 y los
64 años, por los delitos de organización criminal, falsedad documental y
estafa. Estos delincuentes falsificaban la documentación de sus clientes,
modificando su declaración de la renta, nómina o vida laboral para que éstos
obtuvieran un préstamo hipotecario y así adquirir distintas propiedades.
En meses un arduo
trabajo llevado a cabo por los agentes de este Equipo de Investigación,
analizando el material documental intervenido,
más de
un millón de archivos digitales y ochenta mil documentos físicos, además de la
documentación relativa a una veintena de propiedades adquiridas de forma
ilícita, se ha podido identificar a algunas de las personas que se habrían
beneficiado de la actividad ilícita de la inmobiliaria.
Hasta el momento la Guardia Civil ha tomado
manifestación como investigadas no detenidas, a nueve personas, que siendo
conocedoras de la actividad ilegal de la inmobiliaria, habían contratado sus
servicios y conseguido préstamos hipotecarios de varias entidades financieras
para adquirir propiedades, por lo que se les ha imputado los delitos estafa y
falsificación documental.