La Unión de Uniones de CLM denuncia que se van a repartir el Patrimonio de las Cámaras Agrarias entre el Gobierno Regional y las Organizaciones Agrarias: ASAJA, COAG y UPA

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El Gobierno regional, y las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA y COAG acuerdan repartirse el patrimonio de las Cámaras Agrarias, que es patrimonio de los agricultores y ganaderos de la región., y asciende a 500 millones de euros.

 El consejero de agricultura de Castilla-La Mancha, con apoyo del presidente regional, sin norma legal, otorga representatividad a las organizaciones profesionales agrarias y autoconcede el patrimonio legal a las organizaciones agrarias, que el propio Gobierno está subvencionando, para un mayor control del sector.

 La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha denuncia que se van a repartir el Patrimonio de las Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha entre el Gobierno Regional y las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, UPA y COAG).

Para mayor escándalo, estas organizaciones no han sido elegidas por los agricultores y ganaderos de la región ya que tan solo ostentan un certificado, sin fecha de renovación, expedido por el propio Gobierno regional. Certificado que La Unión de Uniones de CLM también ha solicitado sin obtener respuesta, en tanto en cuanto no se convoquen elecciones agrarias.

Por tanto, deducen desde la organización que la representatividad la elige el Consejero de Agricultura a capricho y según su interés.

Es por todo ello que dicha organización solicita una reunión con la Secretaria General de Agricultura para pedir explicaciones y, si su respuesta no fuera satisfactoria, acudirá a los tribunales en defensa de nuestros derechos.

Por tanto, si no hay representatividad agraria en Castilla-La Mancha elegida democráticamente, ¡que no se reparta el patrimonio agrario de los ciudadanos que ronda los 500 millones de euros!

 Si lo que desean es repartir el patrimonio entre las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA; UPA y COAG) que el propio Gobierno ha designado, La Unión de Uniones se opondrá drásticamente ante tal falta a la legalidad y respeto del trabajo de los profesionales agrarios.

 Es por ello que exigen una interlocución institucional democrática y se plantee que el agricultor conserve el patrimonio de las Cámaras Agrarias, con la posibilidad de que la administración y gestión del uso del mismo corresponda a las organizaciones agrarias más representativas, siempre y cuando éstas sean elegidas democráticamente, estableciendo una normativa con criterio objetivo.