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La tasa de asuntos pendientes aumenta casi un 30% pese a que los asuntos descienden un 12% por el confinamiento, el sindicato se concentra a las puertas del Ministerio para exigir una mesa de negociación que aborde las reformas pendientes.
Movilización de CSIF para denunciar el deterioro de un sistema judicial saturado y sin medios
Más de doscientos funcionarios, respetando todas las medidas de seguridad impuestas por el Covid-19, se han concentrado hoy a las puertas del Ministerio de Justicia en una movilización organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para reclamar un refuerzo en las plantillas y medios tecnológicos ante la saturación actual de los juzgados.
Bajo el lema 'Por una Justicia con medios. Nos sobran motivos ', CSIF esgrime que pese a que el número de asuntos ingresados y la litigiosidad han disminuido un 12,3 y un 12,8 por ciento, respectivamente, en el último año (datos del CGPJ correspondientes a 2020), como consecuencia del confinamiento, los casos acumulados no dejan de crecer. La pendencia (la ratio entre los asuntos que ingresan y los que se resuelven) ha aumentado un 29,6 por ciento, con una tasa del 0,60, o lo que es lo mismo, los juzgados tendrían que trabajar 7 meses solo para quitarse todo el trabajo pendiente.
Además, según datos del propio Ministerio de Justicia, se debate que el número de asuntos se incrementará este año un 140 por ciento, teniendo en cuenta las circunstancias como el fin de los ERTES y el aumento previsible de la litigiosidad en el ámbito, por ejemplo , de lo social. La situación por tanto es ya insostenible.
Desde CSIF se lanza la voz de alarma. La ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos y para ello reclamamos un plan de recursos humanos, con una dotación mínima de 19.299 personas de nuevo ingreso. A modo de ejemplo, España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea.
Se da además la circunstancia de que las bolsas de personal interino ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos.
A todo ello se suma el deterioro y la antigüedad de los medios tecnológicos, con aplicaciones obsoletas y sistemas informáticos lentos que también afectan a la tramitación de los procedimientos.
La solución para resolver los problemas de este servicio público está en invertir en el capital humano y en los medios materiales como corresponde a un servicio esencial. No hay que buscar soluciones fuera, ni privatizar ni externalizar parte del servicio público como se propone con la mediación obligatoria.