El Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza la protección sanitaria de los casi 16.000 profesionales sociosanitarios de las residencias de mayores de la región mediante un protocolo extraordinario de pruebas diagnósticas que ha comenzado hoy la Consejería de Sanidad, con la colaboración de la Consejería de Bienestar Social y el personal sanitario de los centros residenciales, para aquellos profesionales que se incorporan a su puesto después de las vacaciones o una baja.
El Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza la protección sanitaria de los casi 16.000 profesionales sociosanitarios de las residencias de mayores
Así
lo ha indicado la consejera de Bienestar, Aurelia Sánchez después de la
reunión de seguimiento y coordinación que ha mantenido el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, con Francisco Núñez Alía, presidente de ARTECAM, una de la
patronales del sector residencial en la región.
La
consejera de Bienestar Social ha manifestado que “el presidente
Emiliano García-Page ha trasladado a la patronal el reconocimiento y
apoyo a todo el sector residencial
por su trabajo y cuidado de las personas mayores durante la pandemia”.
De
este modo, Aurelia Sánchez ha avanzado que “el protocolo extraordinario
de pruebas diagnósticas, que ya anunció el presidente Emiliano
García-Page, incluye la realización
de pruebas en los centros públicos y la facilitación en los privados,
en colaboración con su personal sanitario de enfermería, para aquellos
profesionales que se incorporan de vacaciones o para hacer
sustituciones, y complementa a las pruebas ya realizadas
a práctica totalidad de los profesionales sociosanitarios de la
región”.
En
este sentido, la titular de Bienestar Social, ha indicado que “la
protección y prevención de los profesionales sociosanitarios es la mejor
medida para proteger a los mayores”.
Por
otra parte, Aurelia Sánchez, ha recordado las diferentes medidas
puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de
garantizar la protección de profesionales
y usuarios de centros residenciales, así como la estabilidad del sector
residencial en Castilla-La Mancha, como son las ayudas económicas
excepcionales para los centros residenciales, dotadas con dos millones
de euros para hacer frente a los gastos sobrevenidos
con motivo de la crisis sanitaria y que han solicitado casi 300
centros.
Asimismo,
la consejera de Bienestar Social también ha subrayado la puesta en
marcha en el mes de mayo de la bolsa de trabajo de profesionales
sociosanitarios con el fin de encontrar
a profesionales interesados en trabajar en los centros residenciales,
públicos y privados, de la región para hacer frente al Covid-19, así
como el Plan de Inspección Extraordinario en los centros residenciales
con el fin de garantizar el cuidado y protección
de usuarios y profesionales.