La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha puesto en marcha la consulta pública para la venta de proximidad de los productos agroalimentarios. Esta consulta responde a la demanda creciente por parte de los consumidores de productos locales y de temporada, con una menor huella de carbono, así como a una demanda concreta de agricultores, ganaderos, y mujeres rurales tal y como ha explicado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde hace años.

En concreto, muchas mujeres rurales con proyectos emprendedores, así como el sector agroalimentario, quienes desarrollan su tarea en el entorno rural, necesitan de un marco legal al que acogerse, para así tener una herramienta de aplicación de la normativa higiénico-sanitaria.

Desde la organización agraria UPA han manifestado en numerosas ocasiones la oportunidad que supone para el entorno rural, para muchos pequeños agricultores y para muchísimas emprendedoras disponer de una normativa que permita la venta directa. Son muchas las zonas rurales de Castilla-La Mancha que sufren desventajas por la fragmentación. Los operadores son a menudo más pequeños que en las zonas urbanas, la comunicación es a menudo más difícil, y las economías de escala, son más difíciles de lograr en las actividades destinadas a ofrecer no sólo ventajas económicas, sino también ambientales y sociales.

En este sentido, una regulación orientada a beneficiar tanto del sector productor- transformador como a los consumidores, quienes podrían adquirir productos de las mismas explotaciones agrarias, sería del todo beneficiosa. Por otra parte, establecer los requisitos necesarios para gozar de la condición de empresa productora-transformadora que realice venta directa permitiendo a las pequeñas y medianas explotaciones de Castilla-La Mancha desarrollar una nueva actividad ligada a la principal y complementaria de ésta, es una interesante noticia, positiva para el crecimiento del mundo rural.

Desde UPA Castilla-La Mancha, y desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR de Castilla-La Mancha, sostienen que esta normativa podría suponer un impulso económico empresarial al mundo rural, una nueva alternativa, opciones de negocio, consolidación de empleo, entre otras muchas ventajas sociales y económicas.

Los consumidores, cada vez más exigentes con los productos que adquieren, se interesan por el origen y calidad de los productos, de ahí que esta medida sea, asimismo, beneficiosa para que dispongan de alternativas que, en otras circunstancias, difícilmente podrían adquirir debido a los canales habituales de comercialización. Finalmente, la demanda de UPA se centra en la mejora de la viabilidad y resultados económicos de las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha, orientada a mejorar la renta en el mundo agrario y potenciar el valor añadido que generan estas formas de venta directa, diversificando las fuentes de ingresos de las explotaciones agrarias y ganaderas manteniendo sistemas más ligados a los recursos locales.