El pasado lunes, los sindicatos mayoritarios del sector y la patronal Acescam registramos un escrito dirigido al presidente de la Castilla-La Mancha y al consejero de Sanidad demandándoles plan integral con cinco medidas urgentes para atajar cuanto antes la lamentable situación en la que se encuentran las residencias de mayores públicas y privadas de la región. No vamos a describirla, las cifras de fallecimientos y contagios, controversias aparte, son más que dramáticas.
CCOO exige a la JCCM intervención sanitaria real en las residencias de mayores y personas dependientes
El
jueves, le recordamos públicamente al Gobierno de CLM que el Ministerio de
Sanidad emitió el día 3 una Orden, la 322/2020, cuyo cumplimiento exigimos con
urgencia y que sitúa a residentes y trabajadores de centros de servicios
sociales de carácter residencial, (centros residenciales de personas mayores,
personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga
naturaleza) en el mismo nivel de prioridad que a los pacientes y profesionales
de los sanitarios y de los profesionales que los atienden.
El
viernes, la consejera de Bienestar Social, tras reunirse con el presidente, el consejero
de Sanidad y ‘una representación’ de directores y directoras de
centros residenciales, ofreció una rueda de prensa en la que lo más importante (lo
único) que anunció en nombre del Gobierno es que contamos -al fin- con una
bolsa de trabajo con 3.500 personas en disposición de incorporarse para reforzar
las plantillas; y que “se está poniendo en marcha” un dispositivo de
comunicación entre familiares y residentes.
Nuestra
decepción fue y es mayúscula. Ambas medidas ya las pidió este sindicato hace un
mes. No hubo en la comparecencia de la consejera ninguna mención al resto de
las propuestas y demandas de los representantes patronales y sindicales. Que
eran y son más que acuciantes.
A estas alturas de la crisis sanitaria, muy lejos
aún de revertir, no sabemos aún qué ventajas tienen los centros sociosanitarios
de depender de la Consejería de Sanidad, según resoluciones de 20-03-2020 y
1-04-2020, por las que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las
actuaciones sanitarias en las residencias de personas mayores,
independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda
de la salud pública a causa del COVID-19.
Más
allá de la actuación de la UME o de GEACAM para la limpieza y desinfección de
los centros -muy
útil y muy valorada-, y de la intervención de residencias por un equipo de
profesionales del Sescam -que informa demasiado sucintamente a las plantillas
de los centros intervenidos del protocolo de actuación-, ni trabajadoras ni
centros conocen otras medidas ni actuales ni futuras para acabar con el
verdadero problema: la hemorragia de fallecimientos que no cesa.
No
se sabe qué hacer en centros donde no es posible el aislamiento, ni quién tiene
la obligación de vigilar la salud de las plantillas (empresas o Sescam), ni
quién debe proporcionar las mascarillas o los EPIs, ni quién debe pasar los
test de detección, ni los criterios que se van a seguir, ni el orden de
prioridades.
Incluso
la Instrucción de la consejería de Sanidad para el trabajo en Hospitales,
centros residenciales y funerarias con cadáveres confirmados con Covid-19 o
síntomas compatibles adjudica esta tarea, en el caso de las residencias, al “personal
auxiliar que haya estado administrando el tratamiento o cuidados a la persona
fallecida”, olvidándose que no tienen ni la formación ni los Equipos de
Protección Individuales adecuados para realizar el procedimiento según la
normativa del Ministerio de Sanidad.
Las
residencias de mayores, las de personas discapacitadas y los centros
residenciales análogos, están clasificados como sociosanitarios. Eso implica
que no tienen infraestructura, ni personal, ni medios para tratar a personas
contagiadas; aunque ahora, como pueden, lo estén haciendo. No creemos que esta
afirmación sorprenda a nadie, y si es así es que existe un desconocimiento
total y absoluto del sector.
Y
mientras tanto, constatamos día tras día las macabras cifras de fallecimientos,
de los que al menos un tercio se registran en residencias de mayores. Más de la
mitad de las más de 350 residencias públicas y privadas de la región tienen
casos; y hay un número indeterminado, pero grande, de muertes que no computan
porque no están diagnosticadas.
Por
si esto fuera poco, algunos centros de gestión privada, ante la pérdida
importante de residentes y, por tanto, de ingresos, están estudiando ya la
posibilidad de hacer ERTES. Es decir: después de aguantar el tremendo esfuerzo,
físico y emocional, que les está exigiendo la actual situación, a los
profesionales lo mismo les espera el paro cuando esto acabe.
Exigimos
al Gobierno de esta región que de forma inmediata tome las medidas necesarias
que ya las conoce y solo tiene que ponerlas en marcha para acabar de una vez por
todas con esta durísima realidad; y empiece a estudiar junto con empresarios y
sindicatos un plan de futuro para este sector tan injustamente castigado.