Se ha presentado a nivel estatal la Iniciativa Ciudadana Europea 'La alimentación es un derecho humano'. El Observatorio del Derecho a la Alimentación, Justicia Alimentaria, CECU y REAS-Ripess han compartido las demandas principales de esta iniciativa y la campaña para la recogida de firmas que, durante los próximos meses, espera alcanzar 1.000.000 de apoyos a nivel europeo para conseguir que el derecho a la alimentación sea una realidad en Europa.

Ninguna constitución de los países que integran la UE reconoce el Derecho a la alimentación de forma explícita. El derecho a una alimentación saludable, justa y sostenible no está legalmente reconocido y, por tanto, garantizado en la UE. Una realidad incómoda, que no podemos aceptar: debemos subsanar este vacío legal para que la alimentación deje de ser una mercancía y pase a reconocerse como un derecho fundamental para todas las personas.

Históricamente, la legislación y las instituciones que nos gobiernan se han centrado en blindar la producción agrícola y la rentabilidad o viabilidad de los mercados sin que el derecho a una alimentación saludable, justa y sostenible haya sido una realidad efectiva para la ciudadanía. Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran un deterioro progresivo del panorama: el 11,5% de la población europea vive en situación de inseguridad alimentaria, el 7,1% de los nacimientos presenta problemas de bajo peso y el 8,3% de la población tiene dificultades para acceder diariamente a una ración de carne, pescado o alternativa de proteína vegetal. 

El aumento del precio de los alimentos se ha convertido en un obstáculo para salvaguardar una nutrición adecuada para las 744 millones de personas que habitan el continente europeo. Al mismo tiempo, grandes inversores de la cadena alimentaria acumulan enormes beneficios fomentando dietas poco saludables y la especulación, en detrimento del trabajo fundamental de la red de pequeños productores. Se ha priorizado el interés comercial y económico por encima del interés colectivo y no es ninguna casualidad el escenario tan pesimista que se visualiza a largo plazo si no se actúa de manera urgente.

Por todo ello, resulta imprescindible avanzar hacia marcos jurídicos nacionales e internacionales más sólidos que permitan dar un paso al frente para revertir un modelo que muestra demasiados síntomas de degradación del sistema alimentario europeo. Ante esta problemática, surge 'La alimentación es un derecho humano', una Iniciativa Ciudadana Europea que busca el reconocimiento de este derecho y su consolidación en leyes y políticas públicas, apoyar al campesinado a través de la agroecología, garantizar precios justos y dietas saludables, fortalecer el bienestar animal, abordar la la concentración de tierras y monopolios del mercado; y prohibir la especulación con productos agrícolas y alimenticios, entre muchas otras demandas.

Algunos de los objetivos principales de la Iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho a la Alimentación son:

• Concienciar a la ciudadanía sobre la inseguridad alimentaria, sobre la importancia de que se reconozca y garantice el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de toda persona y denunciar los sistemas alimentarios insostenibles en Europa.
• Impulsar políticas alimentarias sólidas a nivel europeo.
• Movilizar a la ciudadanía para conseguir que el derecho a la alimentación sea reconocido por los Estados Miembros de la Unión Europea como un derecho humano fundamental y universal.

Apoyar esta iniciativa pionera implica abordar cuestiones urgentes exigiendo que la Unión Europea adopte finalmente políticas que garanticen la transición hacia sistemas alimentarios agroecológicos donde todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, seguros, sostenibles, justos y nutritivos.

Centenares de entidades, ONG y organizaciones de la sociedad civil se han sumado a esta demanda que busca una transformación profunda del sistema alimentario europeo. Sin embargo, el llamamiento colectivo continúa con una recogida de firmas sin precedentes, cuyo inicio oficial tuvo lugar el 7 de enero de 2026.

Esta fase preparatoria es crucial: estamos tejiendo alianzas, desarrollando campañas nacionales y asegurándonos de que, cuando llegue el momento, contemos con el personal y la infraestructura necesarios para reunir un millón de firmas en 12 meses. En el caso del Estado español se estima que serán necesarias más de 100.000 firmas para lograr los objetivos marcados.