Delegados y delegadas de UGT y CCOO se han concentrado ante FECIR para denunciar y protestar por la última víctima mortal laboral de la provincia. Un joven de 39 años fallecido esta semana en una empresa de aluminios de Manzanares.

Delegados y delegadas de UGT y CCOO se han concentrado esta mañana ante la sede de FECIR en Ciudad Real para protestar por el fallecimiento de un trabajador de 39 años este pasado martes tras ser golpeado por el gancho de una grúa en la cabeza en Manzanares (Ciudad Real).

La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, ha subrayado la necesidad de buscar medidas urgentes que pongan fin a la lacra de la siniestralidad laboral, y ha exigido la actualización de la Ley de Prevención de riesgos Laborales. Alfonsi Álvarez ha lamentado profundamente la muerte del trabajador natural de Membrilla, al que conocía personalmente, y ha puesto el sindicato a disposición de los familiares y amigos de la víctima.

“Me pongo a disposición de la familia para todo lo que necesiten. Está claro que no podemos permitirnos más muertes en los puestos de trabajo, tres personas mueren cada día por ir a ganarse el pan. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales está más que caducada, tiene una antigüedad de 30 años y es necesario ponerse a trabajar y establecer una nueva norma que refleje la realidad actual del mundo laboral. La Ley actual no ofrece herramientas para los daños psicosociales, ni para las consecuencias del cambio climático, tampoco incluye el teletrabajo ni la Inteligencia Artificial o las nuevas tecnologías. Nos debemos sentar y sacar adelante una nueva Ley que ofrezca respuestas a esta nueva realidad”.

La secretaria general de UGT en la provincia también se ha referido a la figura del “recurso preventivo” y del “delegado territorial de salud laboral”.

“El recurso preventivo, es un trabajador que no cobra por ejercer esta función, produce de la misma manera que el resto de trabajadores/as, y a la vez tiene que hacerse cargo de que ningún compañero/a sufra daños. Esto no se puede consentir, si las empresas quieren recursos preventivos deben pagarse.

Además, desde UGT insistimos en la necesidad de poner en marcha en la región la figura del delegado territorial de prevención, una figura que sería fundamental porque está claro que donde no hay delegados de prevención hay más accidentes de trabajo”.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha querido dejar claro que la mayoría o todos los accidentes laborales que se producen son evitables y ha demandado planes de prevención bien elaborados y más medios para la prevención de riesgos laborales.

“Tanto CCOO como UGT nos concentraremos frente a la patronal y lo haremos cada vez que haya un accidente laboral con resultado de muerte en la provincia. Desgraciadamente las cifras son todavía alarmantes. En los últimos 5 años han perdido la vida por accidente laboral más de 200 personas en CLM, y 20 en los primeros 7 meses de este año. En nuestra provincia tenemos 4 fallecidos y 2929 accidentes que han resultado en baja, 24 de ellos graves; y 200 accidentes in itínere. Los sectores en los que se produce más siniestralidad es la industria manufacturera y la construcción, por lo que estamos ante cifras muy escandalosas.

Hay que decir que la mayoría o todos los accidentes que se producen son evitables. Un 36% de los accidentes se han producido en empresas que no se ha hecho una evaluación de riesgos, una medida que desde hace 30 años es obligatoria y se tiene que llevar a cabo por ley”.

Esther Serrano también ha pedido más medios para prevención y planes que reflejen la realidad del puesto de trabajo.

“Denunciamos además que los planes de prevención en muchas ocasiones son planes que son corta y pega, un mero trámite burocrático que no habla de la realidad del puesto de trabajo. Nuestra provincia se caracteriza por la abundancia de empresas pequeñas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras. Eso hace que la prevención caiga en manos del empresario y no pocas veces con falta de formación y pocos recursos.  Nosotros exigimos que se doten de más recursos, más juzgados especializados, más inspectores de trabajo, una ley de prevención que se adapte al siglo XXI y un plan nacional contra la siniestralidad”.