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La diputada Carmen Fúnez y el diputado Enrique Belda, exponen a la opinión pública de la provincia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado el Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2025 de las Administraciones. “En este informe se recoge que, en 2024, el Gobierno incumplió tanto la regla fiscal nacional que sigue vigente y que limitaba el aumento del gasto al 2,6%, como las nuevas reglas fiscales europeas, ya que el gasto aumentó un 5,3% frente al máximo permitido del 3,5%, todo ello en un contexto de Presupuestos Generales del Estado prorrogados”, advierten.
El Partido Popular alerta del riesgo de la ausencia presupuestaria y las consecuencias del desorden en la fiscalización
La coexistencia de dos reglas fiscales diferentes es ya una anomalía en
sí misma, puesto que éstas no son consistentes entre sí (la regla de
gasto nacional es más restrictiva que la europea hasta 2028 y, a partir
de ese momento, se invierten) por lo que AIReF
recomendó (el Gobierno no lo ha hecho) aprovechar la transposición de
la directiva europea para resolver esa inconsistencia y garantizar la
eficacia del marco fiscal vigente. En el Informe 2025 reitera esa
recomendación que la ministra de hacienda debería
cumplir a la mayor brevedad posible. Siendo grave el incumplimiento en
2024, la situación fiscal ha empeorado aún más en 2025, ya que el
Gobierno ha incumplido por segundo año consecutivo su obligación
constitucional de aprobar presupuestos, prorrogando nuevamente
los PGE aprobado en 2022 por unas Cortes Generales con unas mayorías
diferentes a las actuales. “Además, se ha comprometido a aumentar el
gasto en defensa en 10.471 millones de euros totalmente al margen del
Parlamento, incumpliendo el artículo 4.1 de la
Le Orgánica 5/2005, de noviembre, de la Defensa Nacional, que establece
que a las Cortes Generales les corresponde aprobar las leyes relativas a
la defensa y lo créditos presupuestarios correspondientes", denuncian.
Sin Presupuestos Generales del Estado y colando el gasto en defensa por
la puerta de atrás, amparándose en una cláusula aprobada para facilitar
la gestión durante la pandemia y sobre cuya vigencia hay serias dudas
legales, no solo se desprecia al Parlamento
sino que también se dificulta la función de control fiscal de la
Autoridad Fiscal Independiente, tal y como denuncia ésta en el citado
informe; estas quejas se suman a las realizadas semanas antes, cuando la
AIReF pidió amparo a la Abogacía del Estado por
las injerencias del Gobierno en sus informes y en su actividad. Estas
trabas no han servido para ocultar que el Gobierno va a volver a
incumplir las reglas fiscales en 2025, al exceder el gasto de la
Administración Central en 5.600 millones de euros, lo que
tiene importantes implicaciones legales ya que obliga al Gobierno a
presentar un Plan Económico Financiero (PEF) similar al que el
Ministerio de Hacienda exige a las CCAA que también se desvían de sus
objetivos.
“El Gobierno que presume de transparencia no puede poner más trabas a
los organismos independientes como AIReF ni a las Cortes Generales en su
función de control presupuestario, incumpliendo varias leyes vigentes,
incluida la Constitución Española por su negativa
a aprobar PGE, parece que por tercer año consecutivo”, alertan. Ni
siquiera la ministra Montero ha sido capaz de aprobar los objetivos de
déficit y deuda que deberían marcar el inicio de los trabajos de los
presupuestos para el año 2026.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado esta semana
(20 de agosto) que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a
resolver la inconsistencia entre el marco fiscal nacional y el europeo,
dejando una única regla fiscal que garantice
el cumplimiento de nuestros compromisos fiscales. También a presentar
un Plan Económico Financiero (PEF) de la Administración Central,
vigilando su ejecución y coordinación para cumplir con las reglas
fiscales. Asimismo, pide información detallada sobre la
implementación del Plan de Seguridad y Defensa, tanto en términos
presupuestarios como de contabilidad nacional y, finalmente, que se
inicien a la mayor brevedad posible los procedimientos presupuestarios
que deben culminar con la presentación del proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, empezando por
aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.