La asociación Agricaman denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha cruzado todas las líneas rojas al iniciar los procedimientos de deslinde en Mora y Ajofrín, que no son otra cosa que una expropiación encubierta contra los agricultores y propietarios de estas tierras.

Hacer el deslinde de un camino que no existe es expropiar. Y ampliar la anchura de un supuesto camino hasta 75 metros también es expropiar. Tanto el camino de Mora como la ampliación planteada en Ajofrín no aparecen ni en el Registro de la Propiedad ni en el Catastro, lo que demuestra que no existen legalmente. Por tanto, por mucho que el Gobierno de García-Page insista en lo contrario, estos deslindes sí suponen una expropiación en toda regla.

El Gobierno regional miente cuando asegura que el deslinde no afecta a los intereses de los agricultores. El propio Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres, ha enviado un escrito al alcalde de Mora afirmando que “no se generará ningún problema que afecte al interés agrícola y económico de los vecinos”. Sin embargo, la realidad es que con cada deslinde se declara que esas tierras pertenecen a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, arrebatándoselas a los agricultores que las han trabajado durante generaciones. Decir lo contrario es faltar a la verdad.

Resulta además intolerable que Torres, máximo responsable provincial del procedimiento, se haya excusado diciendo que “en agosto no tiene tiempo” para tratar este asunto, demostrando una irresponsabilidad política y una falta de respeto absoluta hacia el campo toledano. Por ello, Agricaman exige su cese inmediato, junto al de la consejera Mercedes Gómez Rodríguez y la delegada provincial de Agricultura, Elena Mora, vecina de la propia localidad de Mora, que ni defiende a los agricultores ni a sus propios vecinos.

Agricaman recuerda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es un ente político creado a partir de 1978 y que ahora pretende atribuirse como propios caminos y terrenos anteriores a su existencia, cuando en todo caso habrían pertenecido al Estado. Se trata, por tanto, de un acto político de apropiación arbitraria, fuera de toda lógica histórica y jurídica.

Los agricultores denuncian que este nuevo ataque forma parte de una larga cadena de abusos del Gobierno de García-Page:

• Primero, expropiaron 600 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural, quitándoselos a los agricultores y desviándolos a la empresa pública GEACAM, utilizada como agencia de colocación política del PSOE.
• Después, expropiaron el voto de los agricultores, negándoles las elecciones agrarias y entregando la representatividad a unas organizaciones agrarias silenciadas por las subvenciones (ASAJA, UPA y COAG).
• Y ahora, finalmente, pretenden expropiar la tierra con deslindes abusivos en Mora, con un camino que no existe, y en Ajofrín, ampliando la anchura hasta 75 metros, ambos inexistentes en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.

A esta situación se suma la complicidad política y el silencio de quienes deberían estar defendiendo al campo. Tanto Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, como Santiago Lucas-Torres, defendieron la Ley de Representatividad Agraria impulsada por el Gobierno de Page, que supuso la expropiación del voto de los agricultores. Hoy guardan silencio ante la expropiación de tierras, porque en su momento se entregaron a los intereses de ASAJA, que junto con UPA y COAG vive subvencionada por la Junta y ha renunciado a plantar cara al poder político. Estas organizaciones, que deberían defender a los agricultores, han optado por callar a cambio de las ayudas millonarias que reciben, convirtiéndose en cómplices del mayor atropello al campo en democracia.

Ante esta cadena de atropellos, Agricaman exige a Emiliano García-Page que cumpla su palabra y presente su carta de dimisión, y que antes de marcharse cese a sus responsables directos: Mercedes Gómez Rodríguez (Consejera de Desarrollo Sostenible), Elena Mora y José Rubén Torres (Delegados de Agricultura y de Desarrollo Sostenible).