La Plataforma Regional de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Castilla-La Mancha ha mantenido este martes un encuentro institucional con la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, en el que se han compartido los objetivos y propuestas de este grupo de personas comprometidas con la defensa de sus derechos.

 Durante la reunión, la Plataforma, impulsada por Plena inclusión Castilla-La Mancha en noviembre de 2024, se ha presentado como un espacio formado por 14 personas elegidas democráticamente -ocho mujeres y seis hombres- de las cinco provincias de la región. Su objetivo es claro: dar voz a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, denunciar las barreras que afectan a su vida diaria y trabajar para que sean reconocidas como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Esta iniciativa sigue el modelo de la Plataforma Estatal de Plena inclusión, que ya ha logrado importantes avances además de encuentros destacados con el presidente del Gobierno y la Reina Letizia.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha valorado la fuerza y el compromiso de la Plataforma y ha mostrado su disposición a colaborar en la mejora de la calidad de vida de este colectivo. “Somos el Gobierno de los territorios y debéis contar siempre con nuestro apoyo. Trabajaremos de la mano para buscar acuerdos y engrandecer esta plataforma”, ha afirmado.

La plataforma ha expuesto las principales líneas de trabajo de su Plan de Acción 2025, elaborado tras su última reunión en Alcázar de San Juan con la participación de un centenar de personas con discapacidad, de cuyas aportaciones surgirá un manifiesto colectivo. En la reunión con Tolón también se ha recordado el encuentro celebrado en abril con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con quien esperan retomar el diálogo tras el verano.

Entre las principales demandas presentadas a la Delegación del Gobierno, se han abordado cuestiones como el acceso a la justicia, reclamando más formación a policías y guardias civiles en buen trato y atención a personas con discapacidad, la implantación de la figura del facilitador procesal o la mejora de su protección como consumidores vulnerables. En el ámbito educativo, la Plataforma ha defendido el derecho a titular en la ESO con adaptaciones, una mayor oferta de formación profesional accesible, más apoyos en las aulas ordinarias y la transformación de los centros de educación especial en recursos que promuevan la inclusión. También se ha reivindicado formación específica sobre discapacidad para futuros profesionales, especialmente el profesorado.

Respecto al empleo, se ha subrayado la necesidad de reservar plazas tanto en el sector público como privado para personas con discapacidad intelectual, adaptar los temarios de las oposiciones, contar con preparadores laborales y valorar la experiencia y las prácticas en los procesos selectivos. Se ha insistido en la importancia de no dejar atrás a personas con inteligencia límite, garantizando su acceso con procesos adaptados.

Otro tema relevante ha sido el derecho a una vida independiente. Se ha reclamado agilizar los trámites para la asistencia personal, aumentar la oferta de viviendas con apoyos en entornos comunitarios, revisar las ratios en centros residenciales, ofrecer ayudas al alquiler, reducir el copago de las plazas y mejorar los tiempos de valoración de la dependencia.

Por último, en materia de accesibilidad cognitiva, se ha pedido que todos los espacios públicos sean fáciles de entender, que las personas con dificultades de comprensión participen en la validación de documentos, que las gestiones administrativas sean accesibles y que informes médicos, leyes y otros textos públicos se adapten a lectura fácil. También se ha solicitado formación en accesibilidad cognitiva para todo el personal de la Administración.

Milagros Tolón ha reiterado el firme compromiso del Gobierno de España con los derechos y libertades de las personas con discapacidad, “no solo con palabras, también con hechos”, recordando avances como la restitución del derecho al voto, la reforma de la Constitución o la creación del Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Asimismo, ha ofrecido su colaboración para futuras iniciativas conjuntas.

En el encuentro han participado los siguientes miembros de la plataforma: Jesus Castellanos (Apanas); Desiré Catro (ADIN); María Pérez (Las Encinas); Beatriz Prieto (Fundación Madre de la Esperanza); Santiago Izquierdo (Futucam) y Esther Novalbos (Aspana). Además, han estado presentes el director gerente de la federación castellanomanchegas, Daniel Collado, y la responsable del área de la federación en el ámbito de la Representación y el Liderazgo, Noelia Aguirre.

Plena inclusión Castilla-La Mancha agrupa a más de 60 entidades en la región, representando a 8.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, además de contar con 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y 240 centros. Su misión es trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su calidad de vida y defendiendo sus derechos.