El pasado 29 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial de C-LM la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía, en la que han participado todos los grupos parlamentarios de la región (PSOE, PP, Vox). En ella, encontramos referencias a varios colectivos vulnerables (las infancias y juventudes; las mujeres; las personas migrantes, con discapacidad [sic]...), pero ni una sola mención al colectivo LGTBIAQ+.

Este hecho, si bien profundamente decepcionante, no resulta sorprendente: continúa en la línea política de desprecio y abandono hacia las personas del colectivo que el Gobierno de la región lleva tiempo perpetuando. Al excluirnos del Estatuto, la

Junta arranca con una nueva violación de nuestros derechos, dejando espacio para la ambigüedad jurídica y, por lo tanto, para la desprotección de todo individuo con una identidad de género u orientación sexual no normativa. Hemos de recordar que a esto se suma la nula voluntad de cumplir correctamente con la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, al dejar, por ejemplo, inoperativa de facto la única Unidad Multidisciplinar de Atención a las Personas Trans que existe en el SESCAM (que, según nos consta, permanece con su plaza de endocrinología aún vacante); o al no conformar el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha, que sería el órgano encargado de dar voz a las personas del colectivo, por no redactar normativa que lo regule.

Esta medida no es en absoluto una casualidad; no puede serlo cuando se ha tenido cuidado de mencionar tantos otros colectivos vulnerables. No es sino un movimiento consciente y premeditado, que se enmarca en la ola de LGTBIfobia que ha traído consigo el avance de la ultraderecha y que se ensaña especialmente con las personas trans (que son, dentro del colectivo, las más vulneradas y las más vulnerables). En pro de una supuesta lucha contra el «borrado de las mujeres», el Gobierno de C-LM, con su Consejería de Igualdad a la cabeza, ha decidido, negligentemente, dejar fuera al colectivo LGTBIAQ+ en su totalidad. La realidad es que el susodicho «borrado de las mujeres» no existe, como podemos observar en el Estatuto, donde se las menciona varias veces; lo único que existe es la instrumentalización de su causa para perjudicar a otro grupo de la ciudadanía (al que pertenecen también muchas mujeres) y empujarlo a la precariedad, al malestar, al desempleo, al señalamiento y a la huida.

Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, publicado hace unos días por la Federación Estatal LGTBI+ y en el que han participado más de cinco millones de personas residentes en nuestro país, las agresiones físicas y verbales contra el colectivo LGTBIAQ+ experimentan un preocupante repunte, coincidiendo con el ya nombrado auge de los discursos de odio y con una respuesta institucional aún insuficiente. Los resultados del informe son alarmantes: una de cada cuatro personas LGTBI+ sufre discriminación en España, y las agresiones se han duplicado en un año. Más de ochocientas mil personas han sufrido acoso, y otras tantas agresión, y más de un millón doscientas han sufrido discriminación, en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la vivienda. Y, dentro del colectivo, las personas más afectadas son las más jóvenes y las más precarias, que sufren consecuencias en su salud mental (depresión, conductas autolesivas, ideación e intención suicidas) y que desarrollan una desconfianza en las

instituciones que les lleva a la infradenuncia. Esto incluye a personas castellano-manchegas, especialmente en el ámbito rural que tanto presume proteger nuestro Gobierno autonómico. Si no aparecemos en las leyes, se están normalizando y legitimando estas situaciones, abandonando a las víctimas y siendo cómplice de sus agresores.

Si lo que la Junta pretende es que la ciudadanía de C-LM permanezca en la región, lo que está consiguiendo con estas políticas es todo lo contrario: demostrarle a las personas LGTBIAQ+ que en Castilla-La Mancha no van a estar cómodas ni seguras y que sus gobernantes no se preocupan por su protección ni por su bienestar y empujándolas, de esta forma, al sexilio.

Por todo esto, exigimos, una vez más, que la Junta de Comunidades deje de adscribirse a las políticas de odio; que nos incluya en la reforma del Estatuto y que asegure el cumplimiento de la Ley 5/2022, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha; así como de la legislación estatal, a destacar la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Firmado:

Bolo-Bolo LGTBI Castilla-La Mancha.

LGTBtorrijos.

PLuRaL LGTBIQA+ Mancha centro.

Fundación Triángulo.

Familias Trans-formando Castilla-La Mancha.

ADiSE Asociación LGTBIQ+ Argamasilla de Alba.

WADO.

LGTBora Talavera.

EACEC.

Chrysallis C-LM.

Asociacion LGTBIQ+ Color Hellín.

Asexórate.