Este comportamiento vulnera flagrantemente el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de participación política de los representantes públicos, y quebranta la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a incluir en las comisiones todas las mociones registradas conforme a reglamento.

El problema del señor Cañizares no es una supuesta alianza entre VOX y el PSOE —una falacia que ni él mismo se cree—, sino su incapacidad para gobernar en minoría respetando las reglas del juego democrático. Cuando gobernábamos junto al PP, todas las mociones se debatían. Hoy, cuando el PP rompe con VOX, cambia el criterio y veta el debate para evitar quedar en evidencia.

Aún en este momento, el Grupo Municipal VOX no dispone del informe que señala el alcalde en rueda de prensa sobre la ilegalidad de la moción para bonificar el ibi de los jóvenes.

La Alcaldía no puede decidir qué se debate y qué no sin procedimiento ni informe motivado. Los informes técnicos, incluso cuando existen, no son vinculantes y no pueden ser utilizados para imponer un veto político previo a las iniciativas legítimas de los concejales.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 169/2009) establece claramente que el derecho a presentar iniciativas, debatirlas en comisión o en Pleno y participar en la elaboración del orden del día forma parte del núcleo esencial del derecho de participación política. Impedir esto es ilegal, antirreglamentario y contrario a la Constitución.

Desde VOX exigimos:

La inmediata inclusión de todas las mociones presentadas en tiempo y forma en las comisiones pertinentes.

El cese de las prácticas antidemocráticas que vacían de contenido el funcionamiento deliberativo del Pleno.

Una rectificación pública del alcalde, que está utilizando su cargo para bloquear el debate político por miedo a perder votaciones.

VOX no será cómplice del abuso institucional ni del silencio forzado. No estamos aquí para ser el bastón del PP ni la comparsa de nadie, sino para defender a nuestros votantes y al conjunto de los vecinos de Ciudad Real.

Nos reservamos el derecho a emprender las acciones legales necesarias para restaurar el orden institucional y el respeto a los derechos constitucionales de todos los concejales.

Ciudad Real merece un gobierno que respete la ley, no un alcalde atrincherado en el poder que actúa por miedo a la democracia.