El diputado nacional de VOX por Ciudad Real y portavoz de Agricultura en el Congreso, Ricardo Chamorro, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes de SEPRIMAN para analizar la situación generada tras la aprobación de la nueva Ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en Castilla-La Mancha.

Durante el encuentro, se ha constatado la preocupación compartida ante una norma que, tal y como ha denunciado VOX, no garantiza la pluralidad ni la verdadera representación del campo castellano-manchego, al imponer un modelo centralista y burocrático diseñado desde los despachos, sin contar con el sentir real de agricultores y ganaderos.

El portavoz de VOX en las Cortes regionales, David Moreno, fue contundente: “Esta ley es una copia literal de la normativa nacional, tramitada por vía de urgencia y sin responder a las necesidades reales del campo. Con criterios arbitrarios se puede favorecer a organizaciones afines al poder y excluir a otras más modestas pero con profundo arraigo en nuestros pueblos”.

Por su parte, Chamorro ha señalado que la norma, aprobada con el apoyo de PSOE y PP, forma parte de una estrategia para blindar estructuras de poder y silenciar voces disidentes dentro del mundo rural: “Estamos ante un nuevo capítulo del pacto entre socialistas y populares, el mismo que ha permitido aumentar el número de diputados autonómicos en Castilla-La Mancha mientras el campo se vacía y se empobrece”.

VOX Castilla-La Mancha, a través de su grupo parlamentario, ha registrado enmiendas clave para exigir la celebración de elecciones agrarias democráticas en un plazo máximo de dos años. Mientras tanto, se propone un modelo transitorio basado en criterios objetivos y verificables.

En VOX han reiterado que la verdadera interlocución con el campo solo puede nacer de procesos libres, abiertos y transparentes, no de designaciones desde los despachos.

Finalmente, VOX ha subrayado que el campo necesita menos burocracia, menos pactos de salón y más respeto a quienes lo sostienen con su trabajo diario, defendiendo una política nacional que garantice agua, rentabilidad, soberanía alimentaria y libertad de representación frente a las imposiciones del Pacto Verde de Bruselas.