A las últimas ayudas registradas en marzo, con 136.000 euros para CCOO y 129.978 para UGT, el Portal de Transparencia ha actualizado tres partidas de 28 de mayo de 2024 asociadas a Fomento del Empleo con una suma de 1.332.666 euros para cada sindicato. En total, ambas organizaciones han percibido 47.137.547,09 euros.

CSIF considera que esta enorme cifra debería haber sido destinada para la creación de empleo de calidad y para proteger a los colectivos más vulnerables en el acceso y mantenimiento de los puestos de trabajo en el mercado laboral.

No en vano, pese al descenso del número de parados en la región en 413 personas en marzo, de acuerdo a los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Castilla-La Mancha cuenta con 130.749 parados (el 65,4% del desempleo es femenino) y con un balance negativo en el sumatorio de los tres primeros meses el año, donde se han destruido 2.983 puestos de trabajo.

Además, y de acuerdo a los datos de la Seguridad Social, las jornadas parciales aumentaron en marzo y ya alcanzan el 18,4%. Además, son las mujeres mayoritariamente las que se acogen a este tipo de jornada (71%) y las que se ven obligadas a acogerse a una contratación temporal (59%). Se trata de uno de los nichos de precariedad en el mercado laboral de la región, además de los salarios bajos: son ellas las que afrontan reducciones de jornada y contratos temporales para hacer frente al cuidado de menores y personas a su cargo, afectando de esta manera a la corresponsabilidad e igualdad.

A pesar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones, siguen sin ser de acceso público todas las actividades llevadas a cabo por CCOO y UGT para justificar las ayudas y subvenciones percibidas por el Ejecutivo de García-Page, incluyendo las memorias económicas; un ejercicio básico en la necesaria transparencia que exige nuestra sociedad democrática. No en vano, estas concesiones salen de las arcas regionales; es decir, del dinero de todos los castellano-manchegos.

Por último, CSIF subraya que no busca subvención alguna, ya que la Central Sindical se financia con la aportación de su afiliación. La crítica se produce al considerar que este tipo de ayudas podrían ir destinadas a fines mucho más loables (empleo de calidad, servicios públicos, colectivos vulnerables, umbrales de pobreza, justicia social, conciliación, desarrollo profesional…) que el de financiar y mantener el sindicalismo de clase.