Una de las características que mejor define a las sociedades democráticas modernas es reducir e intentar eliminar las desigualdades en las que, por diversas razones, puedan encontrarse las personas que las conforman; pero también, mejorar las condiciones de vida de todas ellas. Para ello, las Administraciones Públicas deben garantizar el derecho universal a la protección social como derecho de la ciudadanía, en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales, recogido en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

Asimismo, varios artículos de la Constitución española de 1978 garantizan la igualdad de los individuos y grupos, así como la atención a las personas mayores y con discapacidad.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha hecho posible que nuestra comunidad haya podido dotarse de competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales.

Sin embargo, en estos últimos años, la Administración regional ha estado inmersa en una deriva continua en cuanto a cobertura de personal se refiere.

Venimos denunciando, en todas las reuniones que mantenemos con dicha administración, la delicada situación en la que se encuentran las plantillas de los centros de trabajo dependientes de la Consejería de Bienestar Social, debido a la gravísima falta de cobertura de vacantes, incapacidades temporales y reducciones de jornada. Esta falta de cobertura recae en las trabajadoras y trabajadores, originando un total abuso del Artículo 18 que conlleva el levantamiento del descanso del personal que, ya de por sí, tiene que trabajar a mínimos. Una situación que afecta, directamente, a su vida personal, limitando así la capacidad de hacer su vida normal.

Hay que recordar que trabajamos con personas que requieren de un cuidado diario y permanente, no con papales u objetos que se pueden guardar en un cajón para otro día. Nuestros residentes se merecen una atención y servicios de calidad y ello va de la mano de la cobertura total de la plantilla para poder ofrecerle la dedicación que necesitan los usuarios.

La mayoría de los centros se encuentran en una situación precaria debido a dicha falta de cobertura. A ello, hay que añadir también los permisos y demás situaciones del día a día en, prácticamente, todas las categorías profesionales.

Y en medio de esa deriva, tuvo lugar una situación sin precedentes que ha marcado toda esta etapa; la pandemia de COVID-19, que ha azotado de forma muy virulenta, especialmente, a todos nuestros centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad, cuyos trabajadores fueron declarados PERSONAL ESENCIAL.

Podemos entender que fue una situación límite y sin precedentes, pero no comprendemos cómo la Administración regional no ha aprendido de ello, y vuelve a repetir ahora, cinco años después, los mismos errores de entonces en cuanto a cobertura de personal se refiere, llegando de nuevo a situaciones complicadas en muchos departamentos de la mayoría de centros.

El envejecimiento progresivo de la población hace más que evidente la importancia de dichos centros. A pesar de ello, vemos cómo se produce un deterioro progresivo de dichos servicios por la dejadez e ineficacia de la Administración Pública de Castilla-La Mancha, la cual no cubre vacantes, incapacidades temporales, reducción de jornada,… suprimiendo plazas y privatizando servicios.

Por todo ello, pedimos a la Administración de Castilla-La Mancha que se cubran de manera urgente el cien por cien de las incidencias del personal laboral de los centros públicos de Bienestar Social de la región, porque, recordemos, que todas estas plazas de la RPT están PRESUPUESTADAS para asegurar a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables la protección social y el disfrute de unos servicios públicos de calidad, tal y como les garantiza la ley, y no se vea mermada debido a la desidia constante por parte de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.