· Lamenta que el ejecutivo de Page haya hecho de las modificaciones presupuestarias su modus operandi como consecuencia de unos presupuestos que se redactan para pasar el trámite y salir del paso · Subraya los 144 expedientes con infracciones del ordenamiento jurídico por un valor de 53,5 millones de euros; así como las 2.675 modificaciones de crédito por 3.513 millones de euros · Señala como una seña de identidad del gobierno socialista de Page la deuda y el déficit

El portavoz parlamentario adjunto del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha censurado este jueves la “desidia y la falta de respeto y transparencia a la hora de gestionar” que se desprende del gobierno socialista de Page, tras rendir cuentas ante las Cortes Regionales de los ejercicios presupuestarios de 2016 al 2020 con un retraso de cinco años.

Así lo ha expresado ante los medios Serrano en una rueda de prensa en el parlamento autonómico en la que ha valorado la sesión de la Comisión de Economía y Presupuestos en la que se dio cuenta de los informes de las cuentas generales de dichos años y en los que “no se halaga” la gestión socialista en la región ya que queda patente que la deuda y el déficit “son las señas de identidad” de este gobierno.

Y es que, según ha confirmado Serrano, Page es responsable del incremento de la deuda que se produce ejercicio tras ejercicio, a pesar de que los socialistas digan lo contrario.

El portavoz parlamentario adjunto ha reseñado el “desdén” que tienen los socialistas por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ya que, como ha informado, ha sido “desdeñada y obviada” por el ejecutivo de Page en cuestiones fundamentales, además del incumplimiento de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Todo ello se une, como ha indicado, a la “desastrosa gestión” de los organismos autónomos “que dejan mucho que desear en su funcionamiento y a la hora de rendir cuentas”, como es el caso de Geacam, que ha estado dos años en causa de disolución; la Fundación Impulsa, que ha contratado en plena pandemia; o la propia radio y televisión de Castilla-La Mancha junto a Gicaman.

En definitiva, un buen número de fundaciones, entidades y consorcios con “irregularidades” que demuestran que su gestión es “desastrosa y perjudicial para Castilla-La Mancha”.

Y es que, como ha continuado relatando Serrano, “dentro de esa desastrosa gestión” se produce un constante olvido de las recomendaciones que efectúa la Cámara de Cuentas al gobierno de Page en torno a hacer las cosas como marca la ley. Un gobierno que ha traído a las Cortes las cuentas del año 2016 y que muestra poco interés por corregir deficiencias.

En este punto, Santiago Serrano ha querido hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales que no deben pasarse por alto, como es el caso de las infracciones del ordenamiento jurídico en las que ha incurrido la administración de Page en forma de adjudicaciones sin que exista contrato o convenio que las respalde, así como las infracciones en forma de fraccionamiento de un contrato, obviando el procedimiento establecido. Entre los años 2016 y 2020 se produjeron un total de 144 expedientes con infracciones por un valor de más de 53,5 millones de euros.

Santiago Serrano se ha referido además a las modificaciones de crédito, que suman un total de 2.675 por un valor de más de 3.513 millones de euros. Así, ha valorado que las modificaciones se efectúan como respuesta a un presupuesto inicial “inservible” para los proyectos e inversiones que quiere acometer el gobierno regional, “algo que hemos dicho siempre, y es que el presupuesto que trae Page a las Cortes es papel mojado porque no se ejecuta en su totalidad y por el camino se acometen modificaciones que revelan que no vale para nada, excepto para pasar el trámite y cubrir expediente”.

Otros asuntos relevantes a los que se ha referido el también diputado autonómico ha sido la falta de existencia y supervisión de las entidades dependientes del gobierno, que no cuentan con un plan de tesorería aprobado; que el Tribunal de Cuentas haya “afeado” que no se remitan a las Cortes los convenios y subvenciones para fiscalizarlas o que se incumplan los plazos de pago y exista morosidad por la administración regional.

Serrano ha concluido asegurando que, ante esta falta de información y transparencia, los que pierden son los ciudadanos que ven como cuentan con un gobierno “opaco” que ha hecho de las modificaciones de crédito su ‘modus operandi’ y que ven como aumentan las infracciones del ordenamiento jurídico como resultado de una gestión “nefasta y caótica”. Por último, ha incidido en que, este proceso que debería hacerse año tras año se ha hecho analizando y estudiando “cinco cuentas de golpe” sin efectuarse a su debido tiempo y dando plazo para solventar las deficiencias detectadas.