La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llevará a cabo este sábado una masiva manifestación en Madrid a las puertas de la Dirección General de Muface (12.30 horas), en defensa del mutualismo administrativo y con presencia de delegados, trabajadores y jubilados llegados desde todas las provincias de España; una movilización que el lunes se traslada a todas las subdelegaciones del Gobierno en la región, donde también se reclamará el fin de los recortes en los servicios públicos de Castilla-La Mancha.

Actualmente hay más de 74.000 beneficiarios de Muface en Castilla-La Mancha que se encuentran en una situación de incertidumbre ante el posible final del concierto sanitario. El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, subraya que “este sistema de sanidad pública concertada es totalmente sostenible y además ha ayudado a descongestionar una sanidad ya de por sí saturada. Por supuesto que no buscamos el enriquecimiento de las aseguradoras, sólo pretendemos que se dote de una financiación suficiente para ofrecer la continuidad de un modelo que ha demostrado ser eficaz y eficiente”.

Esta misma mañana, CSIF ha registrado en el Congreso de los Diputados centenares de quejas de mutualistas, que están sufriendo anulaciones, retrasos, suspensión de citas médicas e incluso de intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre la continuidad del concierto sanitario. Incluso se ha acudido al Defensor del Pueblo y se han remitido escritos al presidente de la Junta de Comunidades y al consejero de Sanidad para que promuevan una declaración institucional en defensa de este modelo.

“El Gobierno está desatendiendo la asistencia sanitaria de sus trabajadores, si esto lo hiciera una empresa privada… Hay un importante componente ideológico sobre un modelo que ha estado funcionando a lo largo de 50 años y que no ha generado tensiones”, añade Domínguez.

Asimismo, CSIF trasladará estas movilizaciones al próximo lunes en las cinco subdelegaciones del Gobierno, donde además de exigir al Ejecutivo central la continuidad de Muface y que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros), también se requerirá el fin de los recortes en Función Pública.

En este sentido, Domínguez incide en que “sufrimos los recortes de Page-Cospedal: es triste que a pesar del cambio de color político en 2015 al frente de la Junta de Comunidades, tengamos que seguir hablando de ambos presidentes autonómicos en los mismos términos negativos. De hecho, hemos intentado trasladar personalmente al presidente de la Junta nuestras reivindicaciones para mejorar los servicios públicos de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de ser el primer sindicato en la Mesa General de Función Pública en la región, tenemos que decir que García-Page no nos recibe, no quiere escucharnos”.

Los diferentes servicios públicos de la comunidad autónoma afrontan un momento especialmente delicado debido a que el Gobierno regional ha impuesto restricciones en las nuevas contrataciones para hacer frente a las incapacidades temporales, ausencias, permisos o jubilaciones en ámbitos como la sanidad (también sufre la paralización de la carrera profesional y el impago del cobro de la productividad variable), residencias de mayores, escuelas infantiles, personal laboral de centros educativos (además de ratios y horarios lectivos superiores a los del resto de comunidades autónomas y una burocracia que ahoga a los docentes), oficinas agrarias, delegaciones provinciales…

Además de estos recortes en personal, CSIF también subraya que una de las grandes carencias es la eliminación del Plan de Acción de Social que llevó a cabo Cospedal y que permanece en el olvido con García-Page. Este plan de Acción Social, instaurado en 1988, comprendía ayudas para los gastos en guardería, comedor escolar, enfermedades o discapacidades de los hijos, adopciones, natalidad, prótesis médicas, emergencia social, mujeres víctimas de violencia de género o incluso accidentes graves o sepelios.

Marisa García, secretaria de Acción Sindical de CSIF Castilla-La Mancha, explica que “era un sistema basado en un criterio igualitario y redistributivo entre los trabajadores, ya que no se basaba en el puesto o categoría del beneficiario, sino en su nivel de necesidad. Contrariamente a lo que se puede pensar, en nuestra Administración hay categorías con salarios bajos a los que este Plan de Acción Social podía salvar de una situación delicada. No en vano, era como un seguro para aquellos que más lo necesitaban”.

A todo ello, CSIF también alerta de la gran privatización planteada en la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa, que actualmente se encuentra en anteproyecto de Ley a la espera de su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha. García mantiene que “en lugar de aumentar las plantillas dedicadas a la sanidad, los servicios sociales, medio ambiente, cultura o empleo, entre otros, se da entrada a entidades colaboradoras, es decir empresas privadas, a cualquier ámbito público para llevar a cabo procedimientos administrativos”.

El presidente de CSIF Toledo, Enrique de la Rosa, ha puesto de manifiesto la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía la labor que desarrolla el sindicato, ya que “los trabajadores tienen que saber todo lo que hacemos en defensa de unas condiciones laborales y salariales justas en todos los ámbitos, y es que además pagamos justos por pecadores por la mala imagen de otras organizaciones”.

Aprovecho para señalar que CSIF lleva a cabo su labor sindical con la cuota de sus afiliados, mientras que los sindicatos de clase han percibido más de 43,3 millones de euros de subvenciones en Castilla-La Mancha desde 2015. “Esto traslada una imagen muy negativa del sindicalismo, y con razón, ya que es imposible defender a los trabajadores y al mismo tiempo recibir dinero de una administración a la que le tienes que reclamar mejoras laborales y salariales”, sostiene De la Rosa.

Por ello, es preciso trasladar a los trabajadores, tanto en los centros públicos y privados, que “otra forma de hacer sindicalismo es posible, que somos la alternativa más ilusionante con defensa de tipo jurídico, asesoramiento, formación laboral y en preparación de oposiciones, un área social renovada… y que llevamos a gala nuestra independencia, por encima de colores y consignas políticas”, concluye el presidente de CSIF Toledo.