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Abre las puertas a la participación de empresas privadas, bajo la figura de entidades colaboradoras, en cualquier ámbito de acción de la Administración Pública de Castilla-La Mancha.
CSIF alerta sobre el riesgo de privatización de la Función Pública con la futura Ley de Simplificación y Agilización Administrativa
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas y con
presencia creciente en el sector privado, denuncia la privatización que
tiene prevista llevar a cabo el Gobierno regional a través de la Ley de
Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha, norma que
actualmente se encuentra en anteproyecto de Ley a la espera de su
tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Aunque el espíritu de la normativa, tal y como indica su título,
es la reducción de las cargas administrativas, en su justificación ya
apunta que la finalidad es “una mayor eficiencia en las relaciones entre
la Administración, la ciudadanía y el tejido empresarial y social de la
región” incluyendo la “introducción en la normativa autonómica de
figuras de colaboración público-privada”.
El título IV de este Anteproyecto de Ley introduce las figuras de
las entidades colaboradoras, las cuales “realizan funciones de
comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y
áreas de la Administración regional”, en concreto en las áreas de
servicios sociales, sanidad, urbanismo, gestión forestal, calidad
ambiental, economía circular, actividad cinegética, patrimonio cultural,
promoción empresarial, trabajo, empleo, formación profesional y
turismo, así como “cualquier otra materia competencia de la
Administración Regional”.
Es decir, cualquier gestión en el ámbito público es susceptible de
contar con participación privada, lo que abre la puerta al
desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.
La Administración regional, además, delega la responsabilidad ante
cualquier reclamación de la ciudadanía en las propias entidades
colaboradoras, que están obligadas a contratar un seguro de
responsabilidad civil por importe mínimo de un millón de euros.
La secretaria de Negociación de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria
Ortiz, señala que “el Gobierno regional está blindando legalmente una
futura privatización de los servicios públicos, estamos hablando de que
estas empresas privadas van a llevar a cabo procesos que competen a los
propios empleados públicos. En lugar de reforzar las plantillas
dedicadas a puntos tan importantes como la sanidad, los servicios
sociales, medio ambiente o empleo, entre otros, se permite a empresas
realizar actas, informes o certificaciones. Se están quitando funciones a
la Administración”.
CSIF luchará para evitar que esta ley suponga la privatización de los servicios públicos de Castilla-La Mancha.