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Estudio elaborado por CSIF para conocer la situación de la salud mental de los trabajadores de la Administración: el perfil mayoritario es una mujer entre 35 y 65 años trabajadora de la sanidad pública o un centro educativo. El 60 por ciento reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la consigue un 38 por ciento y en la mayoría de los casos por la sanidad privada. Las administraciones públicas incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: CSIF inicia una campaña de sensibilización y denuncia contra la estigmatización de los problemas de salud mental.
Casi la mitad de los empleados públicos consumen a diario ansiolíticos o antidepresivos
Casi el 46 por ciento de los empleados públicos consumen
prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos,
antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental,
según una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las
administraciones públicas y con presencia creciente en el sector
privado.
La encuesta, que lleva por nombre ‘¿Cómo te sientes?’ y se
presenta con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo, está centrada en las medidas de promoción de salud mental y
bienestar laboral de las/os empleados públicos, y se ha realizado
mediante entrevistas a más de 6.300 personas que trabajan en diferentes
ámbitos de las administraciones públicas (Administración General del
Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación,
Sanidad, Justicia y empresas públicas).
El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según
el estudio de CSIF, en todos los ámbitos de la administración. El perfil
mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de
edad (entre los 35 y los 67 años), trabajadora de la sanidad pública, en
la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos
para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento,
dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud,
conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.
Datos de la encuesta
El 76 por ciento de los empleados públicos reconocen
abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de
trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de psicofármacos.
En este sentido, los más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes
(71 por ciento de los que reconocen su uso), antidepresivos (12 por por
ciento) y otras sustancias (17 por ciento). En concreto, los motivos más
mencionados son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión
digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos
entre compañeros y estrés laboral.
Además, el 60 por ciento reconoce que necesita ayuda
psicológica, pero solo la obtiene un 38 por ciento, en la mayoría de los
casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los
empleados/as públicos (el 67 por ciento) revela que en el último año no
se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada
con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos
psicosociales.
Este dato evidencia la falta de apoyo de la Administración, ya
que la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a
riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de
protección de los profesionales.
Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña
‘Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral’ en todos
los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la
importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando
ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud
cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y
solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las
conductas suicidas.
CSIF dispone del gabinete ‘CSIF Ayuda’ donde presta apoyo
jurídico y orientación psicológica a trabajadores/as que la necesiten en
el ámbito laboral.
CSIF reclama al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental, entre las que se encuentran:
-Más presupuesto para que los servicios públicos de salud
incrementen el número de profesionales de la salud mental. En concreto,
reclamamos un incremento de psicólogos clínicos en los centros de
Atención Primaria y Especializada.
-Ampliar las plazas de especialidad de Medicina del Trabajo en
las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada.
-Aumentar los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones.
-Desarrollar mecanismos de coordinación interdisciplinar entre
los servicios de atención primaria, salud mental, mutuas y servicios de
prevención para ofrecer en una red de apoyo sociosanitario profesional.
-Actualización del cuadro de enfermedades profesionales,
incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’) y otros
trastornos del comportamiento.
-Reconocimiento efectivo de los trastornos mentales como causa
de accidente laboral (actualmente se reconocen como contingencia común).
-Programas de apoyo psicológico al empleado gratuitos en los centros de trabajo.
-Programas de formación en gestión emocional y de salud mental dirigidos a trabajadores/as.
-Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización,
concienciación sobre la importancia de la salud mental y promover una
cultura compasiva e inclusiva.
-Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y violencia.
-Implantación de políticas de rehabilitación y retorno
progresivo al trabajo (aplicación efectiva de los artículos 22 y 25 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).