Las actividades sanitarias y de servicios sociales perdieron 1.863 cotizantes en septiembre, seguido por 1.773 afiliaciones menos en Administración Pública y Defensa y de 1.063 en Educación. CSIF exige la devolución de las subvenciones a los sindicatos de clase, cantidad que asciende a 43,4 millones de euros concedidos desde 2014 y que serviría para mitigar la política de recortes que sufren los servicios públicos de la región.
El 92% del desempleo registrado en septiembre fue femenino en CLM, donde se incremento el paro en 1.885 personas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas y con
presencia creciente en el sector privado, lamenta el incremento del paro
en septiembre en 1.855 personas en Castilla-La Mancha hasta alcanzar
los 125.184 desempleados, de acuerdo a los datos publicados hoy por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El paro femenino en Castilla-La Mancha sigue siendo mayoritario
(65,7%), pero es que hasta el 92,3% del empleo destruido en septiembre
fue femenino con 1.712 mujeres más engrosando las listas del paro. Este
comportamiento también se refleja en la afiliación a la Seguridad
Social, donde hubo una pérdida de 1.000 mujeres cotizantes mientras se
registraba un aumento de 1.015 afiliaciones masculinas.
La precariedad del empleo femenino también tiene su traducción en
la contratación y la duración de la jornada: representa el 42,2% de los
contratos indefinidos (el 73% a tiempo parcial) y el 59,6% de los
contratos temporales (el 66% a tiempo parcial).
Tampoco ha sido un buen mes para los servicios públicos de
Castilla-La Mancha: las actividades sanitarias y de servicios sociales
han perdido 1.863 cotizantes; la educación ha visto reducida su
afiliación en 1.063 personas y la Administración Pública y Defensa lo ha
hecho en 1.773 cotizantes. En total, los datos de la Seguridad Social
reflejan una pérdida de 4.699 puestos de trabajo en estos ámbitos.
Una vez más, CSIF reclama la devolución de los 43,4 millones de
euros concedidos por parte del Gobierno regional a CCOO y UGT desde
2014. La Central Sindical denuncia la práctica de subvencionar a los
sindicatos de clase mientras se mantiene una política de recortes que
afecta a los empleados públicos y a la ciudadanía. La devolución de esta
cantidad serviría para reforzar los servicios públicos y para hacer
frente a los ámbitos más precarizados del mercado laboral de la región.