Las comisiones provinciales y regional de flujos migratorios sirven a las organizaciones agrarias y la administración para establecer líneas de trabajo, así como la planificación general de las campañas agrícolas. Desde UPA se reclama más control sobre una serie de fraudes, como la suplantación de identidades, falsificación documental y empresas fraudulentas que perjudican mucho a los agricultores, responsables finales de estas actuaciones, cuando son los primeros estafados.

 Las comisiones sobre flujos migratorios son un elemento clave en la interlocución y el punto de vista de las organizaciones agrarias sobre las distintas actividades en el campo. En fechas recientes se ha reunido la Comisión Regional de Seguimiento del Convenio para la Ordenación, Coordinación e Integración sociolaboral de los Flujos Migratorios Laborales en Campañas Agrícolas de Temporada, así como todas las comisiones provinciales; por este motivo desde UPA recuerdan que es una mesa de trabajo donde se planifican todas las campañas, tanto a nivel provincial como regional.

En todas las comisiones, tanto regional como provinciales se ha hecho una previsión de mano de obra para las campañas y la problemática que los profesionales del sector encuentran: cuestiones laborales y sociales, contrataciones de trabajadores temporeros, entre otros. Desde UPA matizan que, en el tema laboral, una de las demandas y denuncias se centra en las suplantaciones de identidad, así como las falsificaciones de documentación. “Llevamos ya unos años detectando que los demandantes de asilo por razones humanitarias se les autoriza a trabajar y vienen con unas tarjetas que son muy fáciles de falsificar”. De hecho, se indica que el 90 % de las personas que pasan por las oficinas las suelen tener falsas. Pero claro, el inconveniente de esta situación es que las únicas personas que pueden detectar si son falsas, son las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y, sobre todo, las brigadas de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta circunstancia, indican desde UPA, es que, cuando vienen estas personas con estas tarjetas, tanto los agricultores como las entidades “no podemos detectar si son falsas o no, con lo que nos surge la duda de que, si tramitamos el alta del trabajador, y llega la inspección de trabajo, a este trabajador, no lo identifican y sancionan al agricultor; con lo que ello implica”. Porque desde la Inspección se detecta que una persona está trabajando sin documentación e incluso sin permiso de trabajo. Es decir, se genera un problema complicado porque las sanciones que pueden recaer a los agricultores ascienden 10.000 euros.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se solicita que la administración tenga en cuenta que el agricultor es el primero que ha sido engañado, pues los profesionales del sector solo quieren recoger sus productos con normalidad y, por supuesto, cumplir con la legalidad. “Si viene una persona engañando y le ha metido documentación falsa el agricultor, entendemos que el agricultor no tiene la culpa”. Desde UPA insisten, como han hecho en otras ocasiones, en que se debe dirigir las actuaciones contra quien actúe de mala fe y de manera ilegal, porque se entiende que, además la falsificación documental, es un delito y es el agricultor quien ha sido engañado.

Estas reuniones sirven para poner sobre la mesa las diferentes preocupaciones y complicaciones con las que se encuentran los agricultores. Una de esta es la creación de empresas de cesión de mano de obra, autodenominándose “Empresas de trabajo agrícola” algo no conforme con el Estatuto de los Trabajadores. Se da la circunstancia de que algunas personas se constituyen como sociedad limitada, o incluso como autónomo solicitando un código de cuenta de cotización como empresa agraria y contratan personas que, posteriormente ofrecen en las explotaciones de la región. Bajo la mentira de que son ETT, cuando realmente no lo son. “Es un engaño, engañan al agricultor, el agricultor los contrata pensando que está cumpliendo con la legalidad y como estas empresas trabajan en su explotación, el agricultor es el responsable”.

En resumen, concluyen desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, se requiere la implicación de las administraciones correspondientes, que se adopten medidas que reviertan en beneficio de todos, tanto de los agricultores como de los trabajadores a quienes se suele engañar para ofrecerles trabajo. “Hay que detectar a estas empresas y que las sanciones recaigan en ellas, ya que los agricultores son los primeros engañados cuando solo pretenden recoger sus cosechas, contratar a personas y cumplir con la legalidad”.