Trata el gobierno de Page de hacernos creer que el problema de la agricultura ecológica es un problema nacional, cuando las competencias de agricultura y la distribución del presupuesto del Plan Estratégico de la PAC, que financia la ayuda a la agricultura ecológica, dependen exclusivamente de Castilla-La Mancha. Page afirma que en la región ni se han recortado ni se han eliminado las ayudas a la agricultura ecológica, eso que se lo diga a los 5.000 agricultores, que cultivan 220.000 hectáreas, que se han visto expulsados. Dice que el presupuesto para la ecológica se mantiene en la misma cantidad que en el período anterior, pero lo que no dice es que el presupuesto para GEACAM S.A. se ha incrementado escandalosamente, hasta un 99% respecto al año 2015 y un 56% respecto al 2016.

Es cuando menos chocante que, aunque Page diga, como si fuera un triunfo, que el presupuesto actual de la agricultura ecológica es similar al del Programa de Desarrollo Rural (PDR) anterior, durante años defendió que era insuficiente por culpa del gobierno de Mª Dolores de Cospedal. Ahora que ha sido él quien lo ha elaborado, ni puede echar la culpa a nadie, ni puede justificar el porqué del recorte de 27 millones anuales respecto al PDR del presidente Barreda.

En él espurio vídeo publicado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que de forma demagógica trata de justificar la utilización de fondos agrícolas para pagar a GEACAM S.A. aduciendo la necesidad del cuidado ambiental, olvidan decir, que mientras las 10.000 hectáreas gestionadas por esta empresa pública suponen un coste de 72 millones de euros, las 220.000 hectáreas gestionadas por los 5.000 agricultores ecológicos expulsados, tan solo supondría un gasto de 24 millones. Podemos ver así la incompetencia en la gestión de recursos públicos por parte de una empresa, frente a la eficacia de los agricultores en el cuidado del medio natural, que con tres veces menos dinero, cuidan de una superficie veintidós veces mayor. GEACAM S.A. se gasta 7.200 euros en gestionar una hectárea frente a 109 euros que supone la gestión y el cuidado del ecosistema mediante la práctica de la agricultura ecológica.

Por primera vez Page reconoce que utiliza los fondos agrícolas del PDR para financiar a la empresa GEACAM SA.  Desconocemos si tal uso es legal, en todo caso es algo completamente inmoral. Primero un servicio público como es el de la prevención y extinción de incendios, no es de recibo que lo haga una empresa cuando debería ser la propia Administración a través de un cuerpo funcionarial la que lo realizase. La Plataforma propuso la integración del personal bombero de GEACAM S.A. en la Junta, ¿por qué no han querido? Por otro lado, el que ese servicio público se financia con dinero exclusivo de un sector económico, es cuando menos extraño, pues sería algo así como que el médico del pueblo lo pagasen solo entre los agricultores y ganaderos, cuando da servicio a todos los ciudadanos.

Aunque el Gobierno regional diga que no se han devuelto fondos no ejecutados del PDR anterior, publicaciones oficiales desmienten tal afirmación. Muestra de la veracidad es que el PEPAC actual ha sufrido un recorte de 500 millones de euros respecto al anterior, precisamente por no haberse ejecutado 686 millones de euros.

Mientras que Page expulsa a 5.000 agricultores con 220.000 hectáreas ecológicas, cualquier persona puede comprobar en la página oficial del Fondo Europeo de Garantía Agraria que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha percibió en el año 2022 más de 72 millones de euros de los fondos de la PAC, lo que la convierte en el segundo mayor perceptor de PAC de España.

La pretensión del presidente Page de trasladar la agricultura ecológica al primer pilar de la PAC, es totalmente absurda, puesto que, si se crea un nuevo ecorrégimen de agricultura ecológica, al ser estos excluyentes y debiéndose elegir uno u otro de forma optativa, pero no conjunta, se perdería el sentido de las ayudas a la agricultura y ganaderías ecológicas, que no es otro que la compensación de renta por las mermas de producción. Es por tanto una maniobra con intención de engañar a agricultores y ganaderos y con el fin de poder tener más dinero libre del presupuesto del PEPAC para así poder desviarlo a GEACAM S.A.