La Federación Empresarial de Ciudad Real, desea dejar constancia de la preocupación de autónomos y las empresas de la provincia de Ciudad Real, motores del desarrollo social y económico de este ámbito territorial, compartiendo las manifestaciones hechas públicas a través del Comunicado del pasado lunes por las patronales nacionales CEOE, CEPYME y la asociación mayoritaria de autónomos ATA, tras la celebración del Comité Ejecutivo Extraordinario de CEOE en el que se abordaba la preocupante situación que vive en estos momentos España, tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura:
Preocupación de los empresarios de Ciudad Real por los pactos de investidura que pueden significar un claro perjuicio para CLM
En primer lugar, y al igual que han hecho diferentes Colectivos e Instituciones, compartimos al considerar el grave
menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y
a la seguridad jurídica (fundamento de nuestra democracia), unidos a la fragmentación y el debilitamiento institucional que se está ocasionando en los últimos días.
En segundo lugar, compartimos con el Comunicado de CEOE, CEPYME y ATA que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia.
En tercer lugar, se hace necesario incidir en la advertencia de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española. Aprovechando este punto y al igual que ha manifestado el Comité Ejecutivo de CEOE, FECIR siempre abogará por el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad, considerando también que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica.
En cuarto lugar, es evidente la necesidad expresada de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que se reclama desde la Unión Europea y todos los órganos de Control Internacionales. Esta necesidad no admite demora ni alternativas si se pretende garantizar la sostenibilidad del Estado.
Como
en el quinto punto del Comunicado Nacional, esta Federación Empresarial
quiere denunciar falta de respeto a la autonomía de las partes en el
seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del
diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia
laboral. Acuerdos estos últimos que suponen, de facto, una vulneración
del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso. En este
sentido, queremos expresar nuestra falta de comprensión de que otros
agentes sociales hayan apoyado e incluso aplaudido algunas medidas que
suponen el intervencionismo del gobierno en el diálogo social, principal responsabilidad y razón de existencia de organizaciones empresariales y sindicales.
Por
último y en relación a la solicitud expresa de CEOE, CEPYME y ATA, de
regresar a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación,
encarnada en nuestra Constitución, FECIR-CEOE CEPYME quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad
de las personas que, en las pasadas elecciones generales, fueron
elegidas para representar los intereses de nuestra provincia en las
Cámaras Alta y Baja. Independientemente de las instrucciones, los
intereses y las rivalidades políticas, no se puede obviar que la
materialización de estos acuerdos supondrán el aumento de las
desigualdades entre territorios, yendo en claro perjuicio de comunidades
como la de Castilla-la Mancha.
Garantizar un gobierno no puede ser la justificación de poner en peligro ciertos valores democráticos, ni hipotecar la sostenibilidad económica de un Estado de Bienestar, que se ha construido desde el principio del bien común, por encima de intereses partidistas y/o rencores personales.
Medidas como el intervencionismo en la negociación colectiva, la mayor fiscalización de la empresa privada mientras se indulta la mala gestión pública (en algunos casos con investigaciones abiertas de malversación), o la intención de romper la igualdad ante la ley y en materia de impuestos entre contribuyentes, dependiendo de la región en que se encuentren, son sólo unos ejemplos que, lejos de atraer la necesaria inversión a nuestro territorio, tendrá como consecuencia el efecto contrario, con la búsqueda de otros mercados más favorables y la desaparición de pequeños negocios que, recordamos, fijan población en nuestros municipios.