El sindicato critica que el Gobierno central aún no haya aprobado el reglamento que lo regula. También lamenta que el proyecto de reglamento que está encima de la mesa otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo inicial.

UGT Castilla-La Mancha lamenta que las víctimas del amianto aún estén esperando la aplicación y puesta en marcha del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, por lo que exige al Gobierno central que apruebe de manera inmediata el reglamento que lo hace posible.

El sindicato recuerda que hoy se cumple un año desde que el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. La misma ley establecía un plazo de tiempo de 90 días, desde su publicación en el BOE (19 de octubre de 2022), para la aprobación de un reglamento que regularía cuestiones cruciales como la cuantía de las indemnizaciones y las condiciones para poder acceder al fondo, así como el procedimiento a emplear para cursar las peticiones de las víctimas.
UGT apunta que, a día de hoy, el Gobierno central aún no ha aprobado el reglamento y que el proyecto de reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, la Seguridad Social y Migraciones otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo inicial.

Las cantidades propuestas son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la Talidomida. A esto hay que añadir que las personas afectadas por el amianto tendrían que tributar en el IRPF por sus indemnizaciones, lo que supone profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría. También es inaceptable que, en dicho proyecto, los familiares de las victimas fallecidas en los últimos años no tengan derecho a las citadas indemnizaciones, por cuanto, hay que tener en cuenta que el amianto se prohibió el año 2001 y la Ley aprobada se empezó a tramitar el 2013 en el Parlamento Vasco y fue registrada por primera vez en el Congreso de los Diputados el año 2016.