Segunda jornada de huelga indefinida en la Justicia: el Ministerio demora de manera irresponsable el inicio de la negociación, mientras firma con jueces y fiscales.
Nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento, más de 600.000 juicios suspendidos y 40 millones de actuaciones paralizadas




La segunda jornada de huelga indefinida en la justicia ha vuelto a
registrar un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento
por parte de un colectivo muy concienciado con sus reivindicaciones
profesionales y que no cejará hasta que el Gobierno se decida a iniciar las
negociaciones, como ya ha ocurrido con jueces y fiscales.
El primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios
de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de medio millón
de juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta
situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la
ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.
El comité de huelga ha vuelto a convocar hoy una concentración
frente al Congreso de los Diputados y las concentraciones y actos de propuesta
se extienden por toda España con miles de trabajadores y trabajadoras
indignados. Asimismo, el próximo 25 de mayo, previa al cierre de campaña
electoral, se celebrará una gran manifestación en Madrid. Consideramos
indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia
siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de
incalculables consecuencias.
Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en
la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la
actitud intransigente, soberbia y clasista de Pilar Llop, que solo atiende las
reclamaciones del personal de los cuerpos de mayor titulación, ignorando y
despreciando al resto.
Hoy se firma el acuerdo que pone fin al conflicto abierto con
jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo
día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los
funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por
los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio
su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.
Ya no hay ninguna excusa: tienen que sentarse a negociar la mejora
retributiva de todo el personal; tienen que sentarse a negociar un nuevo
catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad
y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad; tienen
que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa porque afecta a
nuestras condiciones de trabajo, y tienen que aprobar, previa negociación, el
Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde
hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la
Ley.
El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables
ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del
propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al
que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este
conflicto.