Segunda jornada de huelga indefinida en la Justicia: el Ministerio demora de manera irresponsable el inicio de la negociación, mientras firma con jueces y fiscales.

La segunda jornada de huelga indefinida en la justicia ha vuelto a registrar un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento por parte de un colectivo muy concienciado con sus reivindicaciones profesionales y que no cejará hasta que el Gobierno se decida a iniciar las negociaciones, como ya ha ocurrido con jueces y fiscales.

El primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de medio millón de juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

El comité de huelga ha vuelto a convocar hoy una concentración frente al Congreso de los Diputados y las concentraciones y actos de propuesta se extienden por toda España con miles de trabajadores y trabajadoras indignados. Asimismo, el próximo 25 de mayo, previa al cierre de campaña electoral, se celebrará una gran manifestación en Madrid. Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias.

Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente, soberbia y clasista de Pilar Llop, que solo atiende las reclamaciones del personal de los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto.

Hoy se firma el acuerdo que pone fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.

Ya no hay ninguna excusa: tienen que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal; tienen que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad; tienen que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa porque afecta a nuestras condiciones de trabajo, y tienen que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la Ley.

El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto.