Instamos a Emiliano García-Page a tomar cartas en el asunto. Le recordamos, además, que buena parte de las mujeres trabajadoras que están sufriendo esta situación prestan servicios a la Administración Autonómica y a cuantos organismos la integran y dependen de ella.

  15.000 personas trabajadoras de Castilla-La Mancha, casi todas mujeres, tienen congelados sus salarios y caducados sus convenios colectivos desde finales de 2021. Acumulan en los dos últimos años una pérdida real de poder adquisitivo de sus salarios del 12,4% frente al IPC. La situación es especialmente grave para alrededor del 70% de ellas, que tienen contratos a tiempo parcial, con nóminas bajísimas.

El pasado 30 de marzo, en el último Pleno de la Legislatura, las Cortes de CLM aprobaron por unanimidad una Resolución mediante la que “Declaran su apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las trabajadoras de limpieza y de ayuda a domicilio que prestan servicio directamente tanto en el sector privado, como para las empresas contratadas por las administraciones públicas en Castilla-La Mancha, e instan al Gobierno de Regional a continuar impulsando el diálogo entre trabajadoras y empresas, a fin de que se llegue a un acuerdo para la actualización de los convenios colectivos y las condiciones laborales, económicas y sociales de las mujeres de la limpieza, con el fin de que el conflicto pueda resolverse con inmediatez.”

Pues bien: El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue haciendo caso omiso de esta Resolución y, que sepamos, no ha movido ni un dedo, ni tramitado un papel, ni levantado un teléfono, para atender el mandato de las Cortes.

La misma desatención ha prestado hasta la fecha el ejecutivo autonómico a las mociones y resoluciones de apoyo a las trabajadoras y de requerimiento a la intervención activa del Gobierno regional para ayudar a resolver el conflicto aprobadas por numerosos ayuntamientos.

Esta dejadez de nuestro Gobierno, esta desconsideración a las resoluciones institucionales, y, sobre todo, el abandono en que nuestro ejecutivo tiene sumidas a 15.000 trabajadoras humildes -y a sus familias- merece nuestra denuncia y nuestra repulsa.

Instamos al presidente de Castilla-La Mancha a tomar cartas en el asunto. Le recordamos, además, que buena parte de las mujeres trabajadoras que están sufriendo esta situación prestan servicios a la Administración Autonómica y a cuantos organismos la integran y dependen de ella. Servicios que la propia administración a declarado “esenciales” tanto para situar a las trabajadoras en primera línea de riesgo frente a la pandemia como para imponerlas servicios mínimos desorbitados cuando, para tratar de luchar por su convenio, han decidido ir a la huelga.

Sabe también nuestro Gobierno que la asociación patronal que tiene la máxima responsabilidad en este conflicto representa, justamente, a las grandes empresas adjudicatarias de los más suculentos contratos de la Limpieza de la Administración autonómica; contratos que, de acuerdo con la Consejería de Hacienda, han tenido, tienen, y cuentan con la previsión de seguir teniendo, con margen económico más que suficiente para atender las justas demandas de las trabajadoras.

Ya está bien, señor presidente de Castilla-La Mancha, señor consejero de Hacienda, señora consejera de Igualdad, de destinar dinero público a engordar las arcas de empresas privadas de la Limpieza, mientras que, a las mujeres que realmente prestan el servicio, se les niega no ya un salario justo, sino incluso la más mínima atención, un poco de consideración, de reconocimiento, de respeto.