La Administración regional licita suministros de dispositivos digitales con la contratación de personal informático a través de las empresas privadas adjudicatarias, en vez de proveer estos puestos con personal publico seleccionando a quienes integran las bolsas de trabajo de personal funcionario

 El sindicato CCOO ha denunciado hoy dos nuevas privatizaciones de servicios públicos de la JCCM mediante licitaciones de contratos de suministros de dispositivos digitales que incluyen también la contratación de personal informático a través de las empresas privadas adjudicatarias, en vez de proveer estos puestos con personal publico seleccionando a quienes integran las bolsas de trabajo de personal funcionario.

“CCOO considera estas contrataciones de personal externo injustificadas, innecesarias, ineficientes y gravosas para las arcas públicas. Hemos solicitado una reunión urgente con la dirección general de Desarrollo Digital y la secretaria general de la consejería de Hacienda y no descartamos ninguna actuación sindical o jurídica para expresar nuestro rechazo a esta privatización de puestos de trabajo que pueden y deben proveerse con personal público”

Así lo indicó el responsable del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, José Luis Martínez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana acompañado de Elena Bartolomé, delegada sindical de CCOO y funcionaria del Cuerpo de Informática de la JCCM adscrita al Centro de Atención al Usuario (CAU) de Guadalajara.

La primera de las dos privatizaciones denunciadas por CCOO ya ha sido adjudicada a una multinacional informática francesa por un importe total de 7.367.553,33 euros financiados a cargo de fondos europeos Next Generation; e incluye cuatro lotes.

Tres de ellos, que el sindicato no cuestiona, están destinados a la adquisición de ordenadores, tabletas, gafas virtuales y paneles digitales para servicios de la consejería de Bienestar Social (residencias de mayores, centros de día, residencias y centros de atención a personas con discapacidad y los dos centros de menores públicos de la JCCM).

Pero el cuarto lote de este mismo contrato se destina a la contratación a través de la empresa privada adjudicataria de 29 personas que se ocuparán de atender a los usuarios de esos equipos durante un año prorrogable otro más, a lo que la JCCM destinará más de un millón y medio de euros.

“La Administración”, advirtió Elena Bartolomé, “está externalizando un servicio que ya prestamos los informáticos de la Junta, y que en gran medida vamos a seguir realizando porque que el personal subcontratado tendrá que derivarnos a nosotros el grueso de las incidencias, (las más comunes: altas de usuario, preparación de equipos, instalación de aplicaciones, impresoras, etc.); porque estas personas, al ser externas, no tendrán permisos ni acceso a las herramientas de gestión de usuarios y software de la JCCM”.

“En el informe justificativo de la necesidad de licitar este contrato, la única argumentación que aporta la dirección general de Administración Digital es que la JCCM no dispone de equipamiento y medios personales propios y suficientes para la realización de las tareas objeto del contrato”, añadió Martínez.

“Lo del equipamiento es obvio, pero la JCCM tiene medios para contratar el personal público que sea necesario, bien tirando de las bolsas de empleo o bien aumentando la plantilla de personal funcionario interino. De hecho, hay más de mil funcionarios/as interinos/as de la junta adscritos a programas temporales con cargo a fondos Next Generation”, recalcó el responsable del Sector Autonómico de CCOO.”

“Y hay que advertir que el contrato adjudicado a la multinacional INETIUM incluye sobre costes que la JCCM no tendría: un 6% de beneficio industrial, un 9,9% por gastos de desplazamientos, un 15% de gastos generales y un 21% de IVA”

Respecto a la segunda licitación, publicada el pasado 27 de marzo, “de momento sólo conocemos, según su anuncio, que también va a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation y que tiene como objeto la contratación de una plataforma de transformación digital de procesos y servicios de minería y análisis de procesos, y una Plataforma de automatización de procesos y servicios para el desarrollo, integración, puesta en producción y mantenimiento de procesos automatizados mediante tecnología RPA (Automatización Robótica de Procesos).

Esta licitación tiene un valor estimado del contrato de 10.918.218,5 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogables a 36; e incluye servicios consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo; por lo que previsiblemente conllevará también la subcontratación de personal externo para realizar tareas que corresponden al personal funcionario de escalas informáticas de la JCCM.

“Estos servicios no generarán más puestos de trabajo ni mejorarán su prestación por privatizarlos. Nos encontramos con una transferencia de dinero público a empresas privadas, que no sólo tiene que cubrir los salarios de la gente empleada, sino que además tiene que arañar un ‘beneficio’ que asumirá la ciudadanía.”

“Estamos ante licitaciones análogas a las ya realizadas del CAU de Educación y a las que el pasado año, supusieron la privatización de servicios propios de las Brigadas de Fomento, provocando movilizaciones de las personas trabajadoras en los parques de carreteras de toda la región.”

“Como ya manifestamos en aquel momento, CCOO exige tanto la paralización y retirada de la licitación anunciada como la suspensión de la ya realizada, cuyo informe preceptivo carece de la adecuada motivación que lo justifique.”

“Asimismo, cualquier contratación de personal requiere de previa información y negociación con los sindicatos, que no se hizo y que es especialmente importante sobre una materia que reviste una especial importancia en la afectación a las condiciones de trabajo del personal público que viene prestando estos servicios. Por ambas causas, hemos pedido a nuestros servicios jurídicos que estudien la posibilidad de reclamarlo judicialmente”.

“CCOO espera una respuesta de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Dirección General de Administración Digital, subrayando que no vamos a dejar de denunciar la privatización de los Servicios Públicos, y emprenderemos las acciones sindicales y legales que estimemos oportunas si no se atienden nuestras reivindicaciones y se procede a su reversión.”