Para la PMP, el impacto de la soledad no deseada exige tomar medidas urgentes para crear un marco estatal de intervención. Su impresión es que la creación de la Estrategia Nacional avanza despacio, aunque el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado que estará lista en el primer trimestre de 2023, en cuyo cumplimiento la Plataforma se compromete a colaborar. La soledad no deseada afecta a más de dos millones de personas mayores de 65 años en nuestro país (INE 2018), impactando gravemente en las personas de más avanzada edad, que son dependientes o se sienten alejadas de su red familiar o de amistades. “Estos grupos de mayor riesgo deben ser una prioridad del trabajo de las administraciones públicas”, señala la PMP. Así, la PMP apuesta por intervenciones transversales, lideradas por las administraciones públicas, sobre todo, las locales, ya que no solo impactan en la soledad la mala calidad o carencia de servicios sociales o/y sanitarios, sino la falta de transportes accesibles y asequibles, la falta de accesibilidad en las viviendas y entornos urbanísticos, la acentuación de los problemas de convivencia o los prejuicios o barreras culturales hacia ciertos grupos, entre otros.

 La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, considera “indispensable” que las administraciones públicas tengan una estrategia para acabar con la soledad no deseada que sufren más de dos millones de personas mayores de 65 años en nuestro país.

Para la PMP, el impacto de la soledad no deseada exige tomar medidas urgentes para crear un marco estatal de intervención. Su impresión es que la creación de la Estrategia Nacional avanza despacio, aunque el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado que estará lista en el primer trimestre de 2023, en cuyo cumplimiento la Plataforma se compromete a colaborar.

Los objetivos de esta estrategia, según indica, deberían implicar conocer mejor cuáles son las soledades más frecuentes y qué grado de impacto tienen; realizar campañas de sensibilización a la población, a fin de que se involucre en la solución de los programas de soledad, y no estigmatice a las personas que la sienten, así como prevenirla, fomentando espacios de convivencia, educando desde niños en la convivencia, promoviendo espacios intergeneracionales, y atacando los graves problemas que suelen acompañar a la soledad (pobreza, malos tratos, estigmatización de las personas que están solas).

También es imprescindible crear programas específicos de acompañamiento a personas solas; promover el voluntariado; implicar a empresas e instituciones y a la población en su conjunto en la atención a la soledad; y evaluar los programas que se ponen en marcha y continuar las acciones que ya han funcionado, haciendo sostenibles los programas en el tiempo.

   La soledad no deseada afecta gravemente a las personas de más avanzada edad, que son dependientes o se sienten alejadas de su red familiar o de amistades. “Estos grupos de mayor riesgo deben ser una prioridad del trabajo de las administraciones públicas”, asevera la PMP.

 Así, la PMP apuesta por intervenciones transversales lideradas por las administraciones públicas, sobre todo, las locales, ya que no solo impactan en la soledad la mala calidad o carencia de servicios sociales y/o sanitarios, sino la falta de transportes accesibles y asequibles, la falta de accesibilidad en las viviendas y entornos urbanísticos, la acentuación de los problemas de convivencia o los prejuicios o barreras culturales hacia ciertos grupos, entre otros.

 La Plataforma ve, por tanto, que se trata de un problema complejo y difícil de acabar con él del todo a corto plazo, por lo que lo primero que considera que hay que hacer es establecer bien las prioridades a partir de un mejor conocimiento de la soledad no deseada y los principales grupos en riesgo.

 En este sentido, apunta que el grupo más mayoritario que sufre soledad no deseada son las personas de más avanzada edad, que son dependientes o se sienten alejadas de su red familiar o de amistades. “Estos grupos de mayor riesgo deben ser una prioridad del trabajo de las administraciones públicas”, señala la PMP.

 Entre ellas estarían, por ejemplo, las 461.000 personas mayores de 85 años que viven solas, según datos del INE de 2018, de las cuales 360.000 son mujeres, que son el 41% de toda la población de mujeres que supera esa edad. “Ese sí que es un grupo de gran riesgo, sobre todo si son pobres, están enfermas o no tienen apoyos en su entorno”, incide.

 Además, añade que la soledad no deseada es un problema que afecta gravemente a la salud física y mental. De hecho, según los estudios realizados, la soledad no deseada aumenta la probabilidad de mortalidad en un 26%, además de asociarse con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, deterioro cognitivo y demencia, al tiempo que es un factor de riesgo también por la progresión de la fragilidad física, la depresión, intención de suicidio o un funcionamiento cognitivo más deficiente.

 “El sentimiento de soledad en tan gran número de personas es un indicador de la baja calidad de nuestra convivencia, debido, tal vez, a que ni nuestras autoridades ni cada uno de nosotros estamos sabiendo captar los cambios profundos que se están produciendo en nuestra sociedad”, afirma el presidente de la Comisión de la Soledad No Deseada de la PMP, Lázaro González.

 Según concluye, “está claro que no se puede acabar con la soledad no deseada si no construimos una sociedad cuidadora, que piense en el bienestar social de todos sus integrantes y no solo de una parte”.

 La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.