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· En medio de una cumbre que parece que avanza lentamente, algunos países intentan eliminar acuerdos que parecían intocables, como incluir la mención a los derechos humanos en algunos de sus textos o ampliar el 1,5 ºC como horizonte obligatorio de reducción de emisiones. . Al mismo tiempo, el sector privado cada vez intenta influir más en las negociaciones: la presencia de las empresas en la COP27 ha ascendido un 25 % con respecto al año pasado. · Más de 380 organizaciones sociales y ecologistas internacionales, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han publicado una declaración donde exigen el fin del ISDS, un instrumento de protección de inversiones que la Presidencia de la COP27 ha incluido en las negociaciones.
La COP27 discute consensos sobre derechos humanos y abre la puerta a consolidar el ISDS
La
Cumbre del Clima en Egipto ha arrancado su segunda semana con pocos
indicios de avance en las negociaciones. Mientras parece que las
principales discrepancias entre los países se encuentran en los temas de
financiación en mitigación y pérdidas y daños, Ecologistas en Acción
advierte que también se han reabierto discusiones zanjadas en otras
cumbres, lo cual supone “una amenaza de que esto retrase aún más la
lucha climática”.
Una
de estas amenazas es la no inclusión de la mención a los derechos
humanos en algunos de los textos o espacios de discusión, como en el
artículo 6 sobre mercados de carbono o en la Red de Santiago. Este tema
se ha reabierto precisamente en una COP donde los derechos humanos están
en el centro de las reivindicaciones sociales: el lema “sin derechos
humanos no hay justicia climática” se ha asumido a propuesta de la
sociedad civil de Egipto y los países del Sur global, que exigen a la
Presidencia de la COP27, el Gobierno totalitario de Abdel Fattah
al-Sisi, que cese la represión y permita una amnistía de todos los
presos políticos”.
El
segundo de los peligros es el abandono en el discurso internacional del
1,5 ºC como horizonte de aumento máximo de la temperatura a finales de
siglo. Países productores de petróleo como Arabia Saudí han declarado
que dicho horizonte es poco realista y, en base a eso, habría que asumir
exclusivamente el objetivo de 2 ºC. Para Ecologistas en Acción esto
sería un paso atrás que llevaría a los países a afrontar reducciones de
CO2 mucho menores de las que son necesarias para la seguridad humana y
del planeta.
En
tercer lugar, Ecologistas en Acción destaca otro aspecto que también
influye en la vulneración de los derechos humanos y la justicia
climática: la influencia cada vez mayor del sector privado en las
negociaciones. Esto se observa en el número de representantes del sector
fósil presentes en Sharm el-Sheikh (636 lobistas fósiles) o en las
alusiones explícitas de la Presidencia egipcia y países como EE UU que
desde el inicio del encuentro han incidido en incluir al sector privado
en la lucha climática.
El
miércoles 9 de noviembre se aprobó en el marco de la COP27 la Guía de
Sharm El-Sheikh para la financiación justa, que incluye un capítulo que
aboga por nuevos acuerdos internacionales de inversión (IIA) y el
mecanismo ISDS como una de las vías hacia la financiación de la
transición en el Sur global. Si bien la guía aboga por la necesidad de
reformar los IIA, Ecologistas en Acción recuerda que “las propuestas de
reforma son débiles, ineficaces y totalmente inadecuadas para lo que se
necesita”. Asimismo, considera preocupante la mención del ISDS en el
marco de la UNFCCC, a pesar de que no se trate de un texto de
negociación.
El
ISDS es un mecanismo obsoleto presente en más de 2.000 acuerdos a nivel
mundial que amenaza la acción climática. Permite a las empresas
demandar a los países ante tribunales privados (fuera del sistema legal
nacional) por cambios en legislaciones que puedan reducir sus beneficios
esperados. A menudo la cantidad reclamada puede ser de cientos o miles
de millones de euros que se pagan con el dinero de las arcas públicas.
Las
empresas de combustibles fósiles ya están demandando a los países por
la eliminación gradual del carbón, la cancelación de oleoductos, la
prohibición de perforaciones petroleras en alta mar o la regulación del
fracking. De hecho, el 42 % de los casos de demandas ISDS conocidos
están relacionados con el sector fósil.
Por
este motivo, más de 380 organizaciones de más de 60 países del Sur y el
Norte global han publicado una declaración en la que exigen a los
gobiernos presentes en la COP27 que tomen medidas para poner fin al ISDS
y salvaguardar la consecución de los objetivos climáticos. “Las
inversiones en industrias extractivas van en aumento debido a la mayor
demanda de materias primas de cara a la transición justa. Si el ISDS
sigue vigente, veremos más y más demandas, sobre todo en los países del
Sur Global”, han declarado.
Ecologistas
en Acción recuerda que el ISDS es una de las razones por las que hace
unas semanas el Gobierno de España anunció que abandonará el Tratado de
la Carta de la Energía. Un acuerdo que endeuda a los Estados, del que
Países Bajos, Francia, Eslovenia y ahora Alemania también van a salirse.