Aunque el promotor ha presentado dos proyectos por separado la asociación ecologista considera un fraude de ley dividir en dos lo que a efectos ambientales es un solo proyecto para eludir la moratoria a las macrogranjas establecida por el gobierno de Castilla-La Mancha, y en este caso no debería tramitarse.

 En pleno verano, como es habitual para los proyectos más impactantes, se han presentado a exposición pública para consultas previas dos documentos idénticos y por separado de 1990 cerdos cada uno, con instalaciones en dos parcelas diferentes, dentro de una misma linde de parcelas del mismo propietario, pero sin cumplir la distancia mínima de un kilómetro de separación y sin hacer en ningún momento alusión al otro proyecto, que duplicaría los efectos negativos de contaminación de las aguas, tierras y aire. Esto se realiza en plena moratoria para las macrogranjas establecida por la Ley 1/2022 de CLM, de 14 de enero, que trata de mejorar la gestión ambiental de las macrogranjas implantando las mejores técnicas disponibles en el sector.

El lugar seleccionado está cercano al río Bullaque, protegido como LIC-ZEPA por sus reconocidos valores ecológicos, y amenazado en los últimos años por las fuertes sequías que está sufriendo. Los proyectos están dentro de zonas de importancia de los planes de conservación del lince ibérico, cigüeña negra, águila imperial ibérica y buitre negro y existe presencia de varias especies agroesteparias como sisones, aguiluchos y alcaravanes. El río Bullaque es además zona crítica de conservación para la cigüeña negra y es reconocido por sus extensas comunidades de nenúfares y fauna autóctona protegida de peces, anfibios, nutrias, galápagos y mejillones de río, junto a su vegetación de ribera, entre otros valores, que podrían verse afectados.

La dispersión de los purines de estas macrogranjas a lo largo de varios cientos de hectáreas supondrá un riesgo de contaminación del río Bullaque y de los pozos de la zona y graves molestias para el turismo y los habitantes de los núcleos de la zona por los malos olores generados. Desde el punto de vista medioambiental, por la disminución de calidad de vida de las personas y el aumento del riesgo de zoonosis y epidemias se debería impedir la instalación de este tipo de ganadería industrial.

Aparte de negar los reconocidos impactos ambientales, los promotores no presentan los permisos de cambio y aumento de gasto de agua concedido por la CHG, ni tampoco el cambio de secano a regadío del suelo de las parcelas donde se van a ubicar las olivas que “servirán de filtro para los malos olores”, no se presentan los contratos de las parcelas donde se van a depositar los purines de ambos cebaderos, etc.

Se pide también que, en todo caso se exija una evaluación ambiental ordinaria en lugar de un estudio ambiental simplificado, en la que se estudien más ampliamente los efectos negativos que esta actividad supondrá en el futuro para la zona.

Por todo ello, solicitan el cumplimiento de la Ley con la denegación y archivo de estos dos proyectos y su sustitución por otros de ganadería ecológica y extensiva.