In Género sospecha que hay más interés en financiar ONG afines que por acabar con la prostitución.

El pasado 27 de julio el Ministerio de Igualdad aprobó el Real decreto 634/2022, donde concedía de forma directa 13 millones de euros a 5 entidades, supuestamente para favorecer la inserción socio laboral de personas en contextos de prostitución y víctimas de trata. Al parecer, este reparto forma parte de un hipotético Plan de inserción que estará en marcha hasta el 2026 y que desconocemos la mayoría de Entidades que intervenimos con estas personas en España.

El Ministerio justifica de forma superficial que existen cinco entidades que cumplen tres requisitos para recibir estos fondos procedentes de Europa, dentro del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero estos requisitos también los cumplen muchas más ONG en España, las cuales llevan años consolidando la implantación en diferentes territorios con la difícil tarea del acercamiento y la defensa de las personas en contextos de prostitución y víctimas de trata, y que han quedado inexplicablemente fuera de este Plan de inserción socio laboral.

La asociación IN GÉNERO ha elevado una queja a la Comisión Europea porque está convencida que en el fondo y la forma se ha incumplido el art.107.1 y 2 a) del TFUE, por el que se regulan las ayudas públicas europeas y del que se puede interpretar que se han concedido ventajas a otras entidades, intentando justificar lo injustificable en aras de la urgencia y excepcionalidad de la materia. Tenemos constancia de que este Real Decreto lleva fraguándose desde hace meses y lejos de dar participación a todas las entidades que trabajamos en el sector para hacerlo de forma correcta, se ha hecho un reparto completamente aislado e injusto, dando prioridad a sólo cinco organizaciones, constatando un claro clientelismo en este ámbito de la prostitución y la trata.

Para IN GENERO, lo más grave de este Plan de inserción socio laboral de personas en contexto de prostitución es que no se contemplan ayudas económicas directas para las personas en contextos de prostitución y victimas de trata, sin las cuales, los itinerarios de inserción socio laboral están abocados al fracaso. Sin embargo, se van a gastar casi 13 millones de euros en personal; en gastos de viaje y estancia; artículos de consumo y suministro; en alquileres y adaptación de inmuebles y equipamiento; alquileres de vehículos y unidades móviles; adquisición, reforma y adecuación de bienes inventariables (sedes y centros residenciales); subcontrataciones y gastos de voluntarios. Estos gastos están dirigidos a fortalecer los músculos de algunas entidades, ya bien alimentados por diferentes ministerios en esta legislatura, y poco para las mujeres en contextos de prostitución. Más de lo mismo para que los planes dirigidos a este colectivo fracasen. Fracasan las políticas, los recursos y las estrategias contra la prostitución y la trata existentes en este país y lejos de dar participación a las personas que ejercen la prostitución y victimas de trata, legitiman los errores de siempre y dotan de recursos a las organizaciones y no a las beneficiarias.

El origen de la decisión de esta lluvia de millones parece que fue el Foro social de Trata, del que formarían parte las entidades beneficiadas, y del que se supone debe ser un órgano consultor del Ministerio para mejorar las políticas españolas en materia de trata (que falta hace), y no para repartir subvenciones. Ante esta falta de transparencia, participación y responsabilidad, se solicita de forma inmediata la paralización de este decreto para que se reconfigure con todas las garantías democráticas y se convoque en concurrencia competitiva para que pueda participar cualquier entidad que trabaje en esta materia. Asimismo, reformar y renovar de forma periódica los órganos consultivos de trata para garantizar la transparencia y participación, no solo de todas las entidades que intervenimos de forma directa, sino de las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata, ya que es la única garantía de que funcionen de forma efectiva las políticas que se dirigen a ellas.

IN GÉNERO considera que así no se acaba con la prostitución en España, sino que lo que se consolida es el clientelismo, que no hay quien lo abola. Si quieren que las mujeres abandonen la prostitución hay que estimular su participación y no solo la de algunas ONG. La abolición estaría bien, pero la de la obsoleta Ley de extranjería que se mantiene después de 22 años, ya que es la que obliga a miles de mujeres a ejercer la prostitución en España. Estos cambios son posibles y ayudan a configurar sociedades más justas, democráticas e igualitarias.