· Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF advierten que la minería submarina tendría devastadoras consecuencias para los ecosistemas marinos y la capacidad de captura de carbono que tienen los océanos. · España se une a un número creciente de países que se muestran favorables a una moratoria a la minería submarina. · Para las organizaciones ecologistas urge que el Gobierno y la UE apoyen la moratoria en el Tratado Global de los Océanos que comienza el 15 de agosto en la ONU.
Ecologistas celebran que España demande una “pausa” de la minería submarina y piden moratoria en las aguas internacionales
La
Asamblea de Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (conocida por
ISA en sus siglas en inglés), celebrada en Kingston, Jamaica, ha dado
un paso adelante en la reivindicación de una moratoria de la minería
submarina en aguas internacionales, solicitando una “pausa” que frene el
avance de esta actividad. Esta demanda se produce en un momento
crítico, en el que varios Estados pretenden forzar que se autorice el
inicio de la explotación en 2023.
Amigos
de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF celebran la
posición española e instan a que se promueva dentro de la ISA una
moratoria firme. También reivindican que se predique con el ejemplo y se
adopte una prohibición de la minería en aguas bajo jurisdicción
nacional, excluyendo explícitamente la posibilidad de realizar esta
actividad en Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Importancia
Ecológica o Biológica.
El
inicio de la minería submarina, alertan desde las organizaciones
ecologistas, tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas
marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la la
biodiversidad de toda la columna de agua, incluídas las poblaciones de
peces que forman parte de la alimentación humana. Por eso consideran que
esta declaración puede impedir el avance de una explotación submarina
que no tendría en cuenta la magnitud de los impactos y las propias
carencias de la Autoridad Internacional como organismo responsable de
regular esta actividad y, al mismo tiempo, proteger los fondos marinos.
España
ha apoyado la propuesta de Chile, secundada también por Costa Rica y
Brasil, para reconsiderar la norma que forzaría el otorgamiento de los
primeros permisos el próximo año, mientras que los países de la Alianza
Global de Países por una Moratoria de la Minería Submarina, de la que ya
forman parte Palao, Fiji y Samoa, defienden el establecimiento de una
moratoria.
En
septiembre de 2021 España fue uno de los gobiernos que apoyó la
resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza por una moratoria internacional, comprometiéndose a avanzar
hacia su establecimiento. Esto es algo que vienen pidiendo
organizaciones ecologistas, la comunidad científica, el sector pesquero y
también los parlamentos de Galicia y Canarias mediante resoluciones
instando al Gobierno a dar ese paso.
Además,
a esta moratoria también se ha sumado la propia industria. Sectores de
la tecnología y de los vehículos eléctricos, inversores identificados
como un segmento importante del mercado de los minerales que se extraen,
dudan de la viabilidad de este mercado para la minería submarina y han
suscrito una declaración en apoyo de una moratoria, sumándose a las de
la comunidad científica y parlamentarios de todo el mundo.
El
15 de agosto da comienzo en la sede central de Naciones Unidas la
reunión que finalizará el texto para la conservación de la biodiversidad
marina en aguas internacionales, el conocido como Tratado Global de los
Océanos. Este texto podrá blindar a la minería submarina al menos el 30
% de las aguas internacionales para 2030 y supondrá que se tenga una
visión integral de la gestión marina, y no sectorial, como ocurre con la
explotación minera, ya que la ISA se ha enfocado históricamente en
promover el inicio de esta destructiva industria.
En
2023 España pasará a formar parte del Consejo de la Alta Autoridad de
los Fondos Marinos, asumiendo una gran responsabilidad en un momento
crucial en el que se adoptarán decisiones sin precedentes en términos de
gravedad y potenciales impactos a escala planetaria. El Gobierno de
España jugará un papel importante en la defensa de nuestros mares y
océanos, por eso las organizaciones ecologistas esperan y desean que
esté a la altura de las circunstancias y no se deje influir por el afán
extractivista.