La Abogacía clausura las XXXVII Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica en el Colegio de Abogados de Ciudad Real

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La Abogacía Española ha clausurado las XXXVII Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica que se han celebrado en Ciudad Real los días 24 y 25 de mayo con asistencia de cerca de 100 representantes de Colegios de Abogados.

Las conclusiones de las Jornadas, fueron presentadas por el presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Fuentenebro, en el acto de clausura, en el que estuvo acompañado del decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche.

Es necesario adaptar el Plan de formación de los cursos para el acceso a la abogacía, a las competencias prácticas que han de adquirir los estudiantes para el ejercicio profesional, no sólo en cuanto a su contenido sino también en cuanto a su estructura, partiendo del contenido teórico práctico, las prácticas externas y el Trabajo Final, incluyendo la formación en nuevas competencias para afrontar los cambios sociales y tecnológicos,  en aras a responder a las verdaderas necesidades del título.

La formación tanto inicial como continua es una pieza clave para afrontar el ejercicio profesional.

Para ello, es necesaria la implicación de los colegios de abogados en la mejora y modificación de los cursos de formación previstos en la Ley 34/2006 recuperando el protagonismo en el sistema de formación para el acceso a la profesión, siendo conscientes de las ventajas e inconvenientes que ello conlleva,  la capacidad y competencia de los colegios de abogados, lo hace posible y necesario.

Resulta igualmente necesario llevar a cabo los cambios legislativos que permitan modificar no sólo el contenido formativo,  sino el sistema de evaluación de las competencias que se adquieren en los cursos, de tal manera que permita una valoración de la formación práctica que se adquiere. Desde la necesidad de superación de todas las fases que forman parte del proceso, hasta la tan reclamada, inclusión de la oralidad en la evaluación final.

La implicación de las distintas instituciones intervinientes, Universidad, Ministerios y por supuesto el Consejo General de la Abogacía, trasladando la opinión de los colegios de abogados, es necesaria para que se adopten las medidas necesarias para llevarlo a cabo.