Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que trasvasar en la actual situación sería un atentado a la razón

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Unión de Uniones de Castilla-La Mancha opina que una decisión del Gobierno de la Nación en el sentido de aprobar en los próximos días un trasvase al Segura cuando los pantanos de cabecera del Tajo siguen en mínimos de su capacidad sería una irresponsabilidad y volver a la política ciega de “gastar lo que no se tiene”.

 Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que la superación del umbral de 400 hm3 en los embalses de cabecera del Tajo, a los que desde el Levante se hace un seguimiento prácticamente al minuto para arreciar en sus demandas de trasvase, no justificaría la apuesta arriesgadísima del Gobierno de empezar a aprobar nuevamente envíos de unos recursos que hoy no existen y que se desconoce si llegarán y en qué volumen. Trasvasar ahora es volver a dejar los pantanos de Entrepeñas y Buendía como lodazales y asistir nuevamente al agravio de ver como el agua del Tajo se marcha hacía el Segura para satisfacer una demanda que parece infinita, mientras las demarcaciones de Castilla-La Mancha tiene que aplicar restricciones en los usos y en el regadío que ponen en peligro la rentabilidad de los cultivos y el abastecimiento de los pueblos.

 La organización recuerda que hay estudios sobre la Cuenca del Segura estudios, silenciados en aquel ámbito, que aseguran que la demarcación es autosuficiente sin el Tajo; así como denuncias públicas por parte de ciertos colectivos sobre irregularidades en la gestión del agua y discriminaciones a los pequeños agricultores.

 Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, apunta a que retornar nuevamente a la política de trasvases reiterados hasta volver a la “opción cero”, o sea, hasta que por Ley no se pueda, es el peor escenario para alcanzar ese Pacto del Agua a nivel estatal que el Gobierno dice querer sacar adelante; ya que pondría de manifiesto el distinto rasero en el tratamiento que se dispensa a las diferentes cuencas y, en definitiva, a los ciudadanos de las mismas. Para la organización el mínimo a partir del cual se podría empezar a decidir trasvases razonables es con unas reservas en cabecera de al menos 900 o 1.000 hectómetros cúbicos, que supondrían entre un 36% y un 40% de la capacidad de almacenaje; ello sin renunciar a la reivindicación histórica de que tarde o temprano la hipoteca del trasvase que pesa sobre el Tajo debe tener fin.

 Desde la organización se pone de relieve que no es comparable la compensación que Castilla-La Mancha recibe por los trasvases -unos 425 millones de euros desde que empezó a funcionar- con los beneficios que la infraestructura genera en el Levante y que la Universidad de Alicante ha cifrado en 2.364 millones de euros anuales. “Preferimos que se queden con la limosna de la compensación y que nos dejen el agua, que aquí también sabremos sacarle partido”, han afirmado desde la organización.

 Por último, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha reclama una alianza de todos los colectivos políticos y sociales de la región que defienda con firmeza y unidad, tanta por lo menos como la que exhiben en Murcia o la Comunidad Valenciana, la disponibilidad del agua para los agricultores y ganaderos de la región y para el conjunto de los ciudadanos castellano-manchegos; al tiempo que reclama al Gobierno autonómico las inversiones necesarias en infraestructuras que permitan aprovechar el recurso y rentabilizarlo de manera racional y sostenible.